El Gobierno afina los últimos detalles del "informe final" del derrame de 5 mil barriles de crudo en la región de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, a fin de tener "una sola posición gubernamental" en este caso que ha generado controversias y discrepancias.
El informe se conocerá antes de fin de mes y es parte de un proceso administrativo con todas las garantías para la empresa Petroterminal de Panamá (PTP) e incluso para aquellas personas interesadas en este caso, informó ayer Harley Mitchell, asesor legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Precisamente, una delegación de esta institución viajará la próxima semana a las áreas contaminadas para realizar nuevas inspecciones, ya que existen algunos impactos que no han quedado muy claros en el informe que emitió la dirección regional de ANAM.
Aún así, Mitchell reiteró que el informe revela que la contaminación fue "severa", por lo cual estudian las sanciones que aplicarán a esta empresa, ya sea una multa superior a los B/.10 mil o la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones.
"Nos hemos retrasado un poco para esperar los informes finales de las otras instituciones que también investigan el caso", resaltó.
Aunque las autoridades niegan que el informe de la ANAM difiere con los del Ministerio de Salud, Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo cierto es que existen puntos encontrados.
Ejemplo de ello, es que Salud "no encontró alteraciones que puedan indicar que hay contaminación por hidrocarburos en las especies marinas".
Sin embargo, ANAM señala en su informe que la contaminación fue "severa", lo que afectó los ecosistemas y recursos relacionados. Aún se desconocen los informes de la ARAP y la AMP.
Entretanto, un grupo de indígenas afectados por el derrame del crudo protestó ayer en la sede de la Corte Suprema de Justicia para solicitar a la Sala Tercera contencioso Administrativa, que no acceda al amparo de garantías presentado por la empresa Castrol Petroleum contra el secuestro por B/.500 millones ordenado por un juzgado marítimo.
Los manifestantes fueron recibidos por el magistrado Víctor Benavides.
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