De irresponsables catalogó la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), las declaraciones de algunos funcionarios gubernamentales que responsabilizan a la empresa privada de la mora del gobierno y de sus faltas administrativas.
Según Ramón López, presidente de la API, es "irresponsable que un inmueble declarado inhabitable por los estamentos de seguridad no procedan al correspondiente desalojo".
Sin embargo, para poder presentar un desalojo el Decreto Ley 9 de 1997 habla sobre el anteproyecto que deberá presentar - la o las empresas - previo a la restauración del inmueble, y la Ley 4 de enero de 2002 señala sobre las indemnizaciones que deberá pagar el propietario del inmueble a las personas o familias que allí habitan, requisitos que no ha seguido la empresa.
