Javier Justiniani, presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, entregará hoy a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca separar a los funcionarios que no den respuesta “satisfactoria” a peticiones ciudadanas en 30 días.
Según la propuesta, la separación sin derecho a sueldo debe mantenerse hasta que la institución cumpla con lo exigido.
La iniciativa se fundamenta en el Artículo 41 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones a los servidores públicos y de obtener pronta solución.
