La subcomisión de jurisdicción civil del Pacto de Estado por la Justicia propuso dentro de las modificaciones legales dar un mayor apoyo a las funciones del Alguacil Ejecutor.
Recomendó una modificación legislativa para que el mismo esté autorizado por ley para realizar un allanamiento, sin que medie la autorización de un juez y de esta manera lograr la economía procesal.
La adopción de los mecanismos para la agilización de los procesos de jurisdicción civil es uno de los aportes presentados por el Órgano Judicial.
El magistrado Carlos Raúl Trujillo del Primer Tribunal Superior de Justicia, informó igualmente que en este tema se hicieron recomendaciones a la Ley 23 del Código Judicial.
Trujillo afirmó que este asunto es de gran importancia para los usuarios del sistema de justicia, sobre todo en el recurso de apelación y en caso de la admisibilidad de pruebas.
En la actualidad hay dos corrientes respecto a la decisión del tribunal de segunda instancia.
Unos sostienen que el Magistrado Sustanciador es quien resuelva toda la admisión de pruebas, y la otra posición indica que la decisión es apelable ante el resto de los magistrados.
Quienes no cumplan con la norma, podrían pasar de 6 meses a 4 años en prisión, según la Ley 16 de 2004.
En tanto, el Código de la Familia, establece penas de 2 a 12 meses de cárcel y multas de hasta B/.1,000.00.
Por encima de las leyes, la premisa de uno de los programas pioneros de filtro es que: "ninguna utilidad de filtrado puede reemplazar la vigilancia de unos padres cariñosos".
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