El proyecto de ley que presentó esta semana ante el pleno de la Asamblea Legislativa el Ministerio de Gobierno y Justicia para regular la actividad de radio y televisión, ordena la "cancelación" de todas las licencias para ejercer la actividad de locutor y radiocomentarista en el territorio panameño.
Según lo dispone el proyecto en su artículo número 40, cualquier persona podrá realizar esta actividad, sin necesidad de licencia o autorización, pero sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual que pueda corresponder al respectivo radiocomentarista locutor por sus actos.
El mismo artículo extiende la responsabilidad al concesionario del servicio correspondiente por permitir, mediante culpa o negligencia de su parte, el uso perjudicial de su estación.
Reconoce y sanciona el documento el principio de autorregulación en materia de clasificación de programas y espectáculos de radio y televisión, específicamente en lo concerniente al Acuerdo de Autorregulación de los Canales de Televisión, firmado el 4 de febrero de 1999.
Propone el proyecto de ley que toda la actividad referente a los servicios públicos de radio y televisión será manejado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
En tal sentido, se establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia entregará al Ente Regulador de los Servicios Públicos un listado con las concesiones de radio y televisión vigentes.
Se dispone además que el Ente Regulador al momento que considere que hay incumplimiento de sus deberes de parte del concesionario podrá imponer multas desde B/.100 hasta B/.25 mil por el incumplimiento de las normas dispuestas.
A través del proyecto se regulan también las normas de publicidad para el material pagado, cuya transmisión se origine en el territorio nacional y que se establezca mediante resolución del Ente Regulador.
Se obliga por medio del proyecto a los concesionarios de radio y televisión a cumplir con las disposiciones que en materia de salud, seguridad y conservación o protección ambiental dicten las autoridades competentes en lo que se refiere a avisos relacionados con los efectos nocivos a la salud humana y al ambiente.
Los concesionarios tendrán que pagar una tasa anual por el uso de la concesión que puede ir desde B/.50 hasta B/.1.000.
Además pagarían al Ente Regulador una tasa por regulación que va desde B/.100 y B/.5,000.
