La procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, asumirá las investigaciones sobre los supuestos actos de corrupción denunciados dentro de la Policía Técnica Judicial (PTJ), mientras que el ex director de esa institución, Jaime Abad, consideró necesario convocar a un diálogo nacional para reformar las estructuras de los estamentos de seguridad.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la procuradora encargada conformará un grupo especial para analizar las denuncias presentadas por el Frente Nacional Contra la Corrupción, en las que se incluye una operación de algunos efectivos de la PTJ contra el hijo del procurador José Antonio Sossa.
Paralelamente la fiscal primera anticorrupción Cecilia López, mantiene bajo investigación a siete inspectores de la PTJ por los supuestos delitos de abuso de autoridad y corrupción, a raíz de una denuncia presentada por Lázara Rosa Gutiérrez Fernández.
De acuerdo con la denuncia, un colombiano le pagó a los inspectores para que allanaran una boutique propiedad de su hermana, por sospechar que se vendía ropa que había sido robada de un almacén de su propiedad.
En tanto, el ex director de la PTJ Jaime Abad, vaticinó que las denuncias de corrupción contra esa institución provocarán una paralización de las investigaciones y estimó necesario convocar a un diálogo nacional para revisar el funcionamiento de los estamentos de seguridad.
Aseguró que el sistema operacional de la PTJ está agotado y se hace necesario introducir cambios que promuevan una modernización para enfrentar la delincuencia que amenaza con rebasar a las instituciones de seguridad.
Según las cifras del Presupuesto Nacional del Estado, en el año 1999, un poco más del 40% del gasto público total se destinó al gasto social, proporción que para el año 2000 se incrementó en cerca del 50%.
Lo anterior demuestra que un elevado gasto social no implica necesariamente un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ni que automáticamente se transferirá para beneficiar a los pobres y vulnerables. El análisis también señala que un débil rendimiento de cuentas podría ser uno de los factores que ha permitido esta situación.
Los indicadores ubican como principales problemas del país, la pobreza, desnutrición y la falta de acceso a la educación. En la categoría de pobreza se clasifica a las personas cuyo consumo es menor a B/. 905.00 per cápita anuales.
Más de un millón de personas viven en situación de pobreza, lo que significa que el 37.3% de la población del país vive en esta condición y, dentro de la misma, cerca de 19%, es decir 515,000 habitantes, se encuentra en condiciones de pobreza extrema o de indigencia.
Estas cifras no han podido ser actualizadas porque, según la doctora Vega, no será sino hasta el próximo año cuando se aplique nuevamente la Encuesta de Niveles de Vida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determina exactamente el grado de pobreza del país.
Sin embargo, el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002 estima que la pobreza general de ingreso o lo que percibe la persona, alcanza un 40.5%, del cual 26.5% vive en condiciones de pobreza extrema. También establece que la pobreza extrema es mayor en la provincia de Panamá.
Están en la categoría de pobreza extrema las personas que no pueden mantener los consumos mínimos y se gastan todos sus ingresos en alimentos. El costo per cápita anual de este mínimo alimentario es de B/. 519.00.
222 No se justifica que sólo un 3% de los jóvenes que provienen de familias pobres tengan oportunidad de llegar a la educación superior, cuando a ésta se asigna una tercera parte del presupuesto de la educación pública.
Las cifras del informe de indicadores, elaborado por el Gabinete Social, señala que más de la mitad de la niñez panameña está confinada a crecer en medio de la pobreza y en entornos sociales precarios con problemas intrafamiliares y de abandono que los predispone a graves situaciones de riesgo social.
El informe revela que la heterogeneidad de la pobreza se manifiesta cuando se observa su distribución por áreas geográficas: el área urbana absorbe el 15.3% de los pobres y el área rural el 64.9%.
Mientras que el área indígena concentra el 95.4% de los pobres, de los cuales, el 86.4% son pobres extremos; los pobres rurales en las áreas de difícil acceso equivalen al 94.6%, siendo el 74.8% de éstos, pobres extremos. En el sector indígena unas 197,000 personas viven en esta situación, lo que equivale a un 19% del total de la pobreza en el país.
Según el estudio, algunas de las causas de la pobreza, que coinciden con las de otros países latinoamericanos, son el modelo económico y social panameño, que gira alrededor de actividades sofisticadas de prestación de servicios internacionales, las cuales no han logrado integrarse de manera adecuada con las actividades que ocupan a la mayoría de la población.
