Los promotores de proyectos de viviendas se verán obligados a ceder gratuitamente al Estado, áreas para el establecimiento de servicios comunitarios locales, de aprobarse en el pleno el anteproyecto de ley que modifica algunos artículos del reglamento nacional de urbanizaciones.
La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa prohijó esta iniciativa presentada por el legislador Rigoberto Paredes, quien explica que con el proyecto se pretende mejorar las condiciones de vida de muchas familias, porque muchos proyectos no se planifican escuelas cercanas ni centros de salud, lo que obliga a los compradores a viajar grandes distancias para encontrar servicios básicos.
Pero según el anteproyecto, al Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, y a las instituciones de servicio público y municipales, les tocará revisar estas facilidades.
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