Los últimos casos, donde se han denunciado abusos de unidades de la Policía Nacional (PN), motivaron al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, a volver a presentar un anteproyecto de Ley que restituya la detención preventiva a los uniformados.
La primera vez que el diputado presentó esta propuesta fue después de los disturbios de Bocas del Toro, en julio de 2010, cuando fallecieron dos obreros, producto de los enfrentamientos con las unidades del orden público.
Después de estos hechos, la Ley 30, causante de las protestas, conocida como “Ley Chorizo”, fue fragmentada en varias normas legales; una de las cuales mantuvo la modificación de que a las unidades de la Policía, procesadas por el uso excesivo de la fuerza, no se les ordene detención preventiva ni suspensión del cargo.
A juicio del diputado, esta medida se ha constituido en una patente de corso para los malos miembros de la Fuerza Pública, por lo que es necesario rescatar el espíritu de la Ley Orgánica de la Institución y restablecer la detención preventiva.
Al respecto, el diputado suplente de Cambio Democrático, Julio Luque, considera que esta Ley no concede ninguna impunidad, sino que reconoce el derecho constitucional de todos los ciudadanos, de presumir de su inocencia y garantizarles el debido proceso.
Otros sectores organizados, como la Asamblea Ciudadana, también han solicitado que se derogue esta disposición, ya que los casos de abuso de fuerza, donde están involucrados agentes de la Policía, se han vuelto recurrentes y no son solo hechos aislados, como sustentan las autoridades del Gobierno.
El anteproyecto busca que al uniformado no se le suspenda del cargo, sino que durante su detención preventiva realice labores administrativas dentro de la Institución.
