El Estado podrá poner en venta los bienes incautados por el Ministerio Público para evitar que éstos se deterioren con el pasar del tiempo, mientras se resuelven los casos de quienes mantienen procesos legales pendientes con las autoridades judiciales.
Esta disposición forma parte del proyecto de ley presentado ayer en la Asamblea Nacional por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien argumentó que la venta anticipada del bien es el procedimiento más expedito y factible para salvaguardar tanto los intereses de los imputados como el de las víctimas, así como los intereses del Estado.
Explicó que van a ser como tres licencias de granjas atuneras y cada una tendrá su bote pequeño y pescaría especímenes para colocarlos en las jaulas de engorde de estas granjas.
"Esta es la información que yo tengo, si es bajo esta situación, con toda la seguridad y la seriedad con la que el administrador nos la planteó, nosotros no tenemos objeción porque está bastante bien llevado el tema", enfatizó Ostrander.
Para Amelie González, gerente legal de la Fundación Mar Viva, lo preocupante de estos posibles cambios es que todo este movimiento se haya hecho de manera inconsulta a los grupos interesados y al Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
A su juicio, la actividad de las granjas atuneras debe estar reglamentada por la autoridad competente para que se desarrolle de una manera amigable con el ambiente, porque de lo contrario se cometerían errores que traerían perjuicios al ecosistema marino de Panamá, independientemente de que sólo se trate de una excepción para las empresas que en el área se dediquen a la acuicultura.
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