Propuesta contra el crimen

LA CREACIÓN de un centro nacional de inteligencia, con la participación de los estamentos de seguridad del Estado, que permita a las autoridades combatir el crimen organizado y a las pandillas, fue propuesto por el ex fiscal de Drogas, Rosendo Miranda.
Miranda criticó el funcionamiento actual de los estamentos de investigación, ya que aseguró que operan reactivamente, porque no existe trabajo de inteligencia para neutralizar el accionar del crimen organizado.
En su propuesta estimó necesario establecer una comunicación eficiente entre la Policía, el Servicio Aéreo Nacional (SAN), el Servicio Marítimo Nacional (SMN) y la Policía Técnica Judicial (PTJ). Lo ideal sería que cada unidad recogiera información y la enviara al centro de análisis.
También recomendó la creación de fuerzas estratégicas especializadas de investigación, conformadas por unidades sobresalientes de cada uno de los cuerpos de seguridad.
El ex funcionario aseguró que el aumento de penas no acabará con los delitos, debido a que las organizaciones criminales tienen sus intereses definidos.
A su juicio, en Panamá es necesario crear una ley para combatir la delincuencia organizada, que debe estar dirigida a los cabecillas y a sus promotores.
En tanto, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ramiro Jarvis, coincidió en la necesidad de centralizar el manejo de la información de inteligencia para su análisis.
En tanto, el Frente Común conformado por unas 14 organizaciones de obreros, abogados, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) contra el proyecto de ley de seguridad propuesto por el Órgano Ejecutivo para enfrentar la ola de delincuencia, marchará hoy a la Asamblea Nacional para exigir el retiro de dicha propuesta.
El Frente de Abogados Independientes y la Asociación de Abogados Litigantes, entre otras organizaciones, han señalado que las reformas propuestas violentan la Constitución.
Según la ex magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz y el ex procurador Rafael Rodríguez, los cambios propuestos atentan directamente contra las libertades individuales, ya que permitirán detenciones arbitrarias y darán a la Policía "superpoderes" para realizar detenciones por más de 24 horas.
Para ambos, el proyecto presentado por el Ejecutivo debe ser sometido a una discusión más profunda para evitar excesos.
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en donde se discute el proyecto, tiene previsto realizar hoy el proceso de presentación de reformas al documento y su votación en primer debate.
La reducción de la edad de imputabilidad para los menores infractores, será propuesta por varios diputados en el proceso de modificaciones.