A la par de la intención de dotar con mayores recursos a los municipios, se ha presentado en la Asamblea Nacional un anteproyecto para establecer el control previo de la Contraloría en las juntas comunales.
Su proponente, la diputada disidente de Cambio Democrático (CD), Dana Castañeda, en su exposición de motivos, explica que lo presenta para impedir que se realicen actos administrativos que "atenten accidental, culposa o dolosamente contra las finanzas públicas".
El anteproyecto es claro al decir que el control previo se aplicará a las juntas comunales de todo el país, con independencia de la proveniencia de los fondos utilizados por los gobiernos locales.
El abogado Ernesto Cedeño catalogó como "fuera de contexto" este anteproyecto de ley, y explicó que la diputada debe entender que el único que tiene la potestad exclusiva para decir cuándo ejercer este control previo y posterior es la Contraloría, ya que así lo indica el artículo 280 de la Constitución Política.
"La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá este último", señala este artículo.
Recomendó a Castañeda que cite ante el pleno de la Asamblea al contralor para que vaya a rendir cuenta y juegue su rol como autoridad, "si cree que la Contraloría no está jugando su papel, exijan rendición de cuentas, si son ellos (los diputados) los que nombraron a Humbert".
Agregó que el control previo debería ejercerse en todo el Estado para los asuntos de manejo, pero esto, en tal caso, lo debería determinar el actual contralor.
Por su parte, Enrique "Chito" Montenegro, del Frente Anticorrupción, considera que las juntas comunales no hacen partícipe a la comunidad para solucionar los problemas de limpieza, agua, salud, transporte y vivienda.
"Tenemos malas experiencias con las juntas comunales; han cometido delitos administrativos y penales. Los rectores municipales no están cumpliendo con su rol", señaló.
El economista Juan Jované cree que la gente no entiende que el control previo, si se hace bien, protege al funcionario, porque es una indicación de que el gasto está hecho en orden, pero lo que falla en Panamá es la velocidad con que se hace.
Adelantó que estaría a favor de un control previo, pero bajo la premisa de que la Contraloría tiene también la responsabilidad de actuar en forma y tiempo, que es donde cree que en gran medida se atascan las cosas.
Para el abogado y exministro de Gobierno Alejandro Pérez, el control previo para las juntas comunales es importante, tomando en consideración que muchos diputados mandaron dinero a estas y todavía no se sabe qué se hizo.
Mencionó el caso particular de la Junta Comunal de Río Indio, en Penonomé, donde el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha transfirió un millón de dólares y ese dinero no se vio invertido en obras para la comunidad, ya que todavía no hay agua potable y se utilizan paneles solares, dejando dudas claras.
Mayor fiscalización se exigiría, tras ejecución de descentralización
El abogado Ernesto Cedeño dejó plasmado que tiene preocupación con la llegada de la descentralización estatal, ya que con el manejo de la partidas circuitales hubo un asunto que no se sabe qué se hizo, por lo que se pregunta qué no pasará con este asunto.
En este sentido, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, mencionó que la descentralización sí es buena, pero hay que hacer partícipe a la comunidad de los manejos de los fondos.
Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, indicó que en todos los proyectos de las juntas comunales se involucrará la participación ciudadana, a fin de que exista mayor transparencia.
También solicitó a la Contraloría aplicar el control previo para todas las juntas comunales y los municipios.
La próxima semana, el contralor Federico Humbert hablará sobre el traslado de competencias de funciones de parte del Gobierno central a los municipios.
