La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar una prórroga indefinida al procurador encargado de la Administración, Nelson Rojas, para investigar a la separada procuradora Ana Matilde Gómez no fue compartida por todos los magistrados.
El magistrado Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía, estimó que la Corte Suprema debió establecer un límite temporal para culminar las pesquisas.
Expresó que esto era necesario para velar por el cumplimiento del debido proceso y añadió que mantener abierta, por tiempo indefinido, esta investigación, podría causar una situación que actúe en detrimento de las garantías individuales de Gómez.
Además, estableció que la Constitución Nacional y el Artículo 8 de la Ley 15 de 1977 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran el derecho que tiene toda persona a ser oída por un tribunal competente en un tiempo razonable.
A juicio de Carrasco, haber fijado un límite temporal para la conclusión del sumario hubiese sido una medida útil para velar por el cumplimiento del debido proceso, máxime cuando a Gómez se le separó del cargo y se le aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país.
