A once meses de las elecciones generales, existen dudas sobre cómo se realizará el proceso de votación en los centros penales, hospitales y asilos del país, recién habilitados por el Tribunal Electoral (TE).
El decreto 8 del TE, que reglamenta esta materia, no establece restricciones de acceso de los candidatos presidenciales a las cárceles para llevar sus propuestas a los reos, pero sí prohíbe la colocación de propaganda política en estos centros.
Muy distinto ocurre en los hospitales y asilos, donde los directores y administradores de estas instalaciones podrían autorizar a los candidatos a colocar sus afiches políticos y realizar proselitismo en estos lugares.
La directora de la Comisión del Voto del TE, Marta Rincón, admitió que aún "no se ha discutido" la reglamentación de propaganda en estos centros especiales, aunque el decreto empezó a regir el pasado 9 de abril.
Dijo "no temer" que pueda presentarse el clientelismo político en estos centros, donde se podrá votar por primera vez para presidente, vicepresidente y diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El nuevo Código Penal, que entró en vigencia en mayo pasado, eliminó la pena accesoria que privaba a los reos de ejercer su derecho político.
¿Todos participan? Según estadísticas del Sistema Penitenciario, 11 mil 252 personas forman parte de la población penal en el país, mientras que aún no se cuantifica quiénes están en los hospitales y asilos.
A los que se encuentren detenidos preventivamente en los centros penales se les analizará su situación, ya que se han excluido del padrón electoral los que no han participado en tres elecciones consecutivas, señaló la funcionaria.
Indicó que la cantidad de internos habilitados para votar en las cárceles se determinará en diciembre, con un listado preliminar que debe proporcionar el Sistema Penitenciario.
De igual forma, se verificará el caso de los adultos mayores que no han podido asistir a las urnas de votación, por lo que en este mes, se realizará un censo en los asilos públicos y privados del país.
Presupuesto.
Rincón indicó que solicitarán un aumento al presupuesto de B/ 40 mil que maneja la comisión, ya que tendrán que realizar un proceso de recedulación en las cárceles. Este proceso se realizará en enero próximo y se verificará mensualmente el movimiento de la población penal.
