Protestas no frenan explotación de arena

LA INTENCIÓN de extraer arena del río Cabobré no ha sido desechada por las autoridades, ni tampoco las amenazas de los moradores de lanzarse a las calles si se concreta el asunto.
Iris Pérez, presidenta del Comité Católico de la Iglesia El Buen Pastor y vocera de la comunidad, reiteró que el ambiente y el corregimiento serán afectados por la extracción de materiales.
El periodo de consulta y objeciones, dentro del proceso de concesión, se extendió 23 días más, es decir que finaliza el próximo 23 de julio (debía terminar el pasado 30 de junio).
Ellos han tenido más de 60 días para contratar a un abogado que los represente en sus quejas.
"Estamos dispuestos a cerrar la calle para que el gobierno nos escuche. Ni una extracción más", parece ser la consigna de los lugareños.
Y es que las intenciones del Grupo Minero Nacional S.A. de extraer piedra y arena del Cabobré, mantiene la llama encendida.
La mayor preocupación es la destrucción del río, la fuente principal de agua de las comunidades.
Pérez señaló que con la extracción se deteriorarían las calles con los camiones que entrarían y habría ruido y contaminación.
Francisco Armuelles, residente en la comunidad de Bajo El Piro, señaló que en el fondo hay una afección de las personas en el área.
"Ya yo soy una persona mayor, pero los niños, el entorno, los ríos, el aire, el agua, todas esas cosas se van a afectar. Básicamente el agua", específico.
Por su parte, el representante de San Martín, Elías Vigil, reconoció que si se concede la concesión las personas cerrarán las calles.
Dijo que se causará un daño y ese corregimiento es turístico, por lo que actúan por la vía legal.
El director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García, indicó que en el proceso de concesión para otorgar permisos de extracción de materiales no tienen competencia.
"A nivel municipal, una vez otorgada la concesión o el permiso, lo único que se tiene que ver es el pago de los impuestos por las extracciones", aclaró García.
EL artículo 6 de la Ley No. 32 de 9 de febrero de 1996, que regula la minería, no metálica, establece que la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), podrá prohibir o restringir, temporal o definitivamente la extracción de arena y de otros materiales en determinados sitios, cuando perjudique a las poblaciones.
También se puede decidir por razón de interés nacional.
Igualmente el alcalde puede suspender temporalmente la extracción de arena, cuando se perjudique a las poblaciones, carreteras, caminos, áreas de interés turístico o público, etc.
Aunque el Municipio de Panamá cobra los impuestos, no maneja estadísticas ni cifras de extracciones.