Proyecto anticorrupción enfrenta al Legislativo y Ejecutivo

A menos de 16 meses de concluir su mandato, el Organo Ejecutivo vetó por "inconveniente" un proyecto de ley mediante el cual se pretendía eliminar el requisito de la prueba sumaria, al momento de presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra funcionarios del Estado.
El veto fue analizado ayer por el pleno de la Asamblea Legislativa y los legisladores por mayoría decidieron acoger algunos de los artículos vetados, tras considerar como válidas las razones dadas por el Ejecutivo.
Originalmente la presidenta Mireya Moscoso había vetado siete artículos del proyecto de ley que consta de 16 artículo y al analizar la decisión del Ejecutivo, los legisladores decidieron acoger el veto de tres y aprobar otros cuatro por insistencia.
Jerry Wilson, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y miembro de la Comisión de Gobierno, expresó que la propuesta de eliminar las pruebas sumarias era originaria del Ministerio Público y pretendía facilitar a cualquier ciudadano la presentación de denuncias de este tipo.
Explicó que con la decisión del Ejecutivo, la norma seguirá como hasta ahora y se mantiene la dificultad para que cualquier ciudadano común pueda presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra de los funcionarios.
Aunque la ley vigente exige la prueba sumaria, lo ideal es que ésta no sea necesaria para evitar que una persona que presente una denuncia de este tipo, se pregunte qué hará el Ministerio Público, si antes tendrá que hacer toda la investigación para acusar a alguien.
El proyecto de ley en cuestión adiciona un capítulo al Título XII del Código Penal y crea la figura de los Delitos Financieros, a fin de evitar que se repitan casos en los que empresas "disfracen" sus libros de contabilidad y estados financieros para hacer ver que la compañía está en buenas condiciones financieras.
Se establecen penas de cárcel hasta por diez años de prisión para quienes utilicen medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apoderen, hagan uso indebido u ocasionen transferencia ilícita de los dineros, valores, bienes u otros recursos financieros de una entidad bancaria empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del públicos o que le hayan sido confiados a ésta.