Proyecto carcelario genera reacciones

LA ASAMBLEA Nacional no debe aprobar proyectos que ofrezcan beneficios fiscales a empresas que deseen instalarse en las cárceles del país, si estas concesiones no están acordes con la reforma fiscal que el gobierno proyecta realizar a mediados de este mes.
Así se manifiesta Ricardo Vargas, defensor del Pueblo adjunto, tras la decisión de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, de objetar la parte fiscal de un proyecto de ley que se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, con miras a que el sector privado instale sus empresas en las cárceles para emplear a los privados de libertad.
Aunque la parte fiscal no compete a la Defensoría del Pueblo, asegura que no es conveniente que se hagan concesiones fiscales no acordes a la futura reforma fiscal.
"Con este proyecto se hacen muchas concesiones y no se puede actuar contrario a lo que el gobierno quiere aprobar en materia fiscal", enfatizó.
En materia de derechos humanos, precisó que por lo que ha analizado de esta propuesta, hay aspectos en la relación laboral entre el recluso y la empresa, que no garantizan los derechos y sobre el cual harán sus recomendaciones.
Aunque la Defensoría del Pueblo no se opone al proyecto, advierte que hay que hacer muchos estudios para que una empresa se instale dentro de las cárceles del país.
El proyecto ofrece a las empresas una deducción del 100% del impuesto sobre la renta de los gastos que representen los salarios reconocidos a los privados de libertad, además de la exoneración del pago del impuesto sobre la renta por períodos específicos.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Rogelio Paredes, aunque los incentivos fiscales quizás no representan mucho económicamente en cuanto a lo que el Estado pudiera dejar de percibir, lo que no quieren los diputados es entrar en conflicto al plantear el MEF razones constitucionales.
Por ello buscarán alternativas, entre ellas, la posibilidad de que el Estado compre como mínimo el 50% de la producción que realice el empresario ubicado en las cárceles.
Así, según Paredes, el empresario que invierta sabrá que tiene garantizada su producción, porque el Estado compraría los artículos de uso diario para las instituciones estatales.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Enrique De Obarrio, considera positivo darle a los reos la posibilidad de ser útiles a la sociedad a través del trabajo.
Sugiere que esto sea parte de una política o programa integral que mejore sustancialmente las condiciones carcelarias, evacuando los procesos legales o logrando mayor eficiencia en los mismos, e implementando programas de resocialización.
Los detenidos tendrán trabajo remunerado con salario mínimo legal, serán afiliados a la Caja de Seguro Social, tendrán derecho a evaluación y registro de conducta para solicitar rebajas de pena, permisos especiales y beneficios en el cumplimiento de su pena, y se les garantizará una estructura carcelaria digna y libre de hacinamiento.
Entre otros beneficios, la empresa será exonerada al 100% del impuesto sobre la renta en los primeros 5 años de funciones, de 75% en los siguientes 5 años y de 50% sobre los años subsiguientes mientras exista el negocio.