La propuesta de ley que busca que las asociaciones sin fines de lucro que reciben aportes del Estado o donaciones privadas hagan público el manejo de sus fondos se mantiene estancada en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
El proyecto que reforma la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) fue presentado por la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, el 31 de enero, pero no fue abordado por los diputados en el pasado período legislativo.
En el artículo 4, el documento establece que “las asociaciones de interés público, organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, los sindicatos y en general, todas las personas naturales o jurídicas que reciban por cualquier conducto fondos o bienes públicos, recursos o donaciones de entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que hayan sido canalizadas a través de instituciones estatales o municipales, deberán publicar trimestralmente en su sitio de internet y en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo la información relativa a la contratación de su personal, salarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros que hayan sido realizados con tales recursos”.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados, Hernán Delgado, explicó que a la propuesta no se le dio ni siquiera el primer debate, debido a que hizo falta tiempo para discutirla.
Actualmente, a todas las instituciones del Estado se les exige en base a la Ley de Transparencia hacer pública la información que ahora se le solicita en este proyecto a organizaciones no gubernamentales.
Sobre esta propuesta hay posiciones encontradas, debido a que algunos dirigentes de la sociedad civil la avalan y otros muestran su rechazo, sobre todo, los representantes de diversos sindicatos.
En ese sentido, Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, aseguró que “el embudo no debe cerrarse solo de un lado, es decir, la sociedad civil cumple con lo que se le pide, pero igual lo debe hacer el gobierno”.
Por su parte, el dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Rafael Chavarría, considera que este proyecto no puede incluir al sector obrero porque violaría el derecho que tienen los sindicatos.
“No nos oponemos a rendir cuentas, pero es incómodo que nos pongan en tela de juicio cuando hay muchos que hasta se les exoneran de culpas”, dijo.
Arma.
En la misma línea se manifestó Genaro López, dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), cuando expresó que “cualquier recurso utilizado por los sindicatos debe ser sometido a las medidas de transparencia, lo que hay que ver es qué busca el gobierno con todo esto. Estoy de acuerdo con que estas medidas sean utilizadas para la transparencia, pero no para que se empleen en contra del movimiento sindical”, expresó.
Para Roberto Bruneau Walters, de Alianza Ciudadana, la medida es positiva para que se mantenga la transparencia, “pero si se busca reglamentar a la sociedad civil, el gobierno también debería pedirles a las empresas que cumplan con la ley. Si el gobierno quiere que nos ciñamos a la ley, primero que todo que dé el ejemplo”, dijo.
Durante la exposición de motivos, la ministra Méndez señaló que la norma busca fortalecer el compromiso interno del Gobierno, a fin de lograr la transparencia posible en las transacciones que por razón de donaciones, subsidios y otras contribuciones deban recibir distintas instituciones de la sociedad civil dirigidas a atender necesidades sociales, a través de fondos o bienes públicos nacionales e internacionales.
Desde la creación, el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo cuenta con 68 entidades públicas, fundaciones y ONG que colocan su información en este portal electrónico.
