Proyecto debe pasar prueba de fuego

LOS transportistas se oponen a que el gobierno otorgue nuevas rutas, piqueras o zonas de trabajo a través del procedimiento de acto público.
Con este cambio, propuesto según los quejosos, el Ejecutivo tendrá la potestad de otorgar las concesiones a las empresas que ellos consideren que serán las que prestarán el servicio sin que los actuales concesionarios sean indemnizados.
El proyecto, cuestionado por este sector, también prohíbe transportar pasajeros en un número que exceda la capacidad registrada del vehículo, algo a lo cual también se opone este sector.
Rodríguez afirmó que la decisión de desistir de la realización del paro de labores, una vez llegue el proyecto de ley a la Asamblea, dependerá de las bases transportistas.
La propuesta del gobierno, de igual forma, establece la eliminación de los "pavos" o secretarios de buses, en las rutas urbanas e interurbanas.
Esta sugerencia ya ha encontrado incluso reacciones de rechazo dentro de la propia Asamblea Nacional, ya que diputados tanto de gobierno como de oposición han advertido que no aprobarán un artículo de esta índole si no se les garantiza a esos asistentes de buses una plaza de trabajo.
Para el diputado opositor Wigberto Quintero, la medida de eliminar a los "pavos" es contradictoria con la política que pregona el gobierno de pleno empleo, ya que a su juicio, de eliminarse esta figura, quedarán en las calles y sin sustento más de 7 mil secretarios de buses que laboran en la ciudad capital y sus familias.
Mientras que el diputado perredista, Leandro Ávila consideró que la Constitución Nacional es sabia, al establecer que no debe haber fueros ni privilegios, rechazando así la propuesta de eliminar a los "pavos" solo en los buses de la capital y que por el contrario se permitan en las rutas del interior del país.
A pesar de haber sido aprobado hace dos semanas en Consejo de Gabinete, el proyecto aún no ha sido remitido a la Asamblea Nacional, lo que han aprovechado los dirigentes transportistas para iniciar sus contactos con los diputados.
El documento, dado a conocer públicamente, no incluye el incremento de las penas de cárcel para los transportistas que conduzcan de forma irresponsable, pero no se descartan modificaciones en el Código Penal para implementar sanciones más severas.