Una disputa interna entre los gremios de enfermeras y los auxiliares se origina en los centros hospitalarios, provocada por la discusión en la Asamblea Legislativa del cuestionado proyecto de Ley 111 que crea la carrera de técnico de enfermería.
Según la presidenta de la Asociación de Enfermeras, Nelva Small, el proyecto es inconsulto y excluye de mejoras para el sector que representa, por lo que hizo un llamado para que se suspenda la discusión hasta que se les tome en cuenta o se elimine el proyecto. Dijo que en la carrera de enfermería ya existen dos niveles que son las enfermeras y los auxiliares, por lo que la creación de una carrera intermedia pone en riesgo la desaparición de ambas.
Consideró que los perfiles profesionales se están violentando, pues las enfermeras por asistir a estudios universitarios pueden seguir aspirando a escalar funciones en los centros de atención médica, agregando que no lo han ganado con "leyes amañadas". Dijo que ambas tareas, la enfermería y los auxiliares, se encuentran ligadas, sin embargo, el peligro radica en la preparación que recibirán los nuevos técnicos.
Las enfermeras mostraron temor de que la creación de la nueva carrera provoque diferencias en el sistema de trabajo hospitalario con una persona que no está preparada académicamente, según la vocera de las enfermeras.
El proyecto de ley establece que el técnico en enfermería se podrá obtener por medio de un estudio o curso de postmedia, que los acredita como profesionales, y podrán tomar un diplomado o registro de idoneidad en el Consejo Técnico.
La iniciativa es considerada como injusta por las enfermeras, ya que según la dirigencia, afecta las estructuras del manual de cargos que ocupa cada miembro del gremio y que está establecido en las leyes del Ministerio de Salud. "Nosotros hemos eliminado enfermedades con el trabajo de las enfermeras, y los auxiliares se equivocan en pensar que eso nos ha dado riquezas", puntualizó.
"Se debe establecer los niveles profesionales entre las enfermeras y el que ocupan los auxiliares de enfermería que es un técnico", acotó la vocera de las enfermeras. "No pueden decir que las enfermeras al especializarse, se convierten en doctoras en las ciencias de enfermería y dejan de atender pacientes", expresó Small.
Alertó que la creación de la nueva ley atenta contra la salud de la población panameña, con una mano de obra barata que no está preparada para atender a la población en las funciones que realizan las enfermeras.
Mientras voceros de los auxiliares sostienen que las enfermeras, a pesar de poseer un título universitario y una licenciatura, pasan a una esfera administrativa, descuidando la atención del paciente. La creación del nuevo nivel es para que realicen su trabajo mejor, y no para desplazarlas de su puesto o que aspiren a salarios mayores.
El proyecto ha creado confusión y división, y según denuncian las enfermeras, todo se debe a buscar salarios mayores. Consideró que ya existen leyes que rigen la carrera de enfermería y que es injusto que los auxiliares salgan al frente y pidan un proyecto que enfoca a la eliminación de las enfermeras.
El "Mayor Laboratorio del Mundo", como se lo ha llamado al Archipiélago, posee dentro de su fauna tortugas gigantes (galápagos), iguanas marinas y terrestres, lagartijas de lava, lobos marinos, focas, albatros, fragatas, piqueros, cormoranes, pingüinos, gaviotas, flamencos, y otras especies únicas en su género.
El año pasado el vicepresidente Arturo Vallarino anunció la firma de un acuerdo con Costa Rica, Colombia y Ecuador que creará el primer corredor biológico marino del mundo para proteger, junto con Coiba, una serie de islas del Pacífico.
Ofreció igualmente la Ciudad del Saber como lugar donde instalar un Centro Internacional sobre el Desarrollo Sostenible dedicado al acopio y generación de información científica de alta calidad, a la enseñanza y el intercambio de experiencias.
"El desarrollo sostenible debe promover un nuevo orden mundial que armonice con la naturaleza y las futuras generaciones", dijo Vallarino, al reiterar el respaldo de Panamá al principio de una responsabilidad compartida, pero diferenciada en materia ambiental.
