Los diputados del oficialista Cambio Democrático (CD) intentaron anoche introducir un nuevo "camarón o tuti-fruti legislativo", al presentar una propuesta que establecía sanciones "inapelables e inconmutables" de un año de prisión para cualquier manifestante que cerrara una calle y otra que hace "casi imposible" aplicar la revocatoria de mandato a las autoridades electas.
Durante la discusión quedó en evidencia la falta de unificación de criterio entre los diputados del Partido Panameñista y del CD, pues Osman Gómez advirtió ante el Pleno que o "retiraban la propuesta del cierre de calle o no la apoyarían".
Gómez, subfiscal del Partido Panameñista, manifestó que la iniciativa para sancionar penalmente era incoherente, pues cercenaba los derechos de la ciudadanía y por eso su rechazo.
El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) también mostró su rechazo, lo que obligó a su proponente, Agustín Sellhorn, del CD, a retirarla.
La propuesta pretendía establecer que a cualquier persona que participara en una reunión tumultuosa, de la cual surja el cierre de calles, se le impondría una sanción de 365 días inconmutables e inapelables.
También se incluía, la adición de un tercio de la pena (123 días), en caso que hubiese violencia y generara daños a la propiedad pública o privada.
Se intentó mezclar en un solo proyecto de ley tres temas. Originalmente, la propuesta era sobre el restablecimiento del récord policivo, incluir la revocatoria de mandato y las sanciones por el cierre de calles.
El tema de la revocatoria de mandato fue presentado por Hernán Delgado, del CD y secundado por Marylín Vallarino, Luis Corbillón, Edwin Zúñiga y Raúl Hernández, este último de Unión Patriótica.
Según la propuesta, para aplicar la revocatoria de mandato, primero se requiere que la acción sea aprobada de manera unánime por el directorio del partido; luego aprobada por las dos terceras partes del directorio y, finalmente, ratificada por las dos terceras partes del electorado de la respectiva área.
Osman Gómez expresó que tampoco apoyaría esta propuesta, porque así como hoy se van del PRD, mañana puede suceder en su partido.
Rogelio Paredes, miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), transitorio del PRD, la calificó como violatoria a los derechos ciudadanos y garantías constitucionales.
No descartó la posibilidad de que en el caso que se convierta en ley de la República, sea demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, aunque dudó que con la actual conformación de este órgano del Estado, se vaya a dar una decisión objetiva.
Esta propuesta surge justamente en momentos en que la dirigencia del PRD ha amenazado con aplicar la revocatoria de mandato a algunos de sus diputados que en reiteradas ocasiones han apoyado al gobierno y, a la vez, iniciaron el proceso contra 29 representantes de corregimiento.
