La Comisión de Hacienda aprobó ayer tres nuevos artículos del proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), con la advertencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de que esto podría dar lugar a que esta propuesta fuera declarada inconstitucional.
Durante esta sesión, se aprobó el artículo mediante el cual se autoriza traspasar al Fondo Fiduciario y a "título gratuito" las acciones que posee el Estado en las empresas de generación y comercialización de energía eléctrica.
Se dispone en este artículo que los rendimientos que generen las acciones entrarán a formar parte del Fondo Fiduciario a partir del 1 de enero del año 2001.
La propuesta fue aprobada por cuatro de los legisladores oficialistas, mientras que los representantes del opositor PRD mantuvieron su rechazo, alegando que no se justifica que un servicio público tan importante como el de la energía eléctrica esté en manos de una empresa privada, ya sea nacional o extranjera.
En esta ocasión se acordó dividir el proyecto de ley en seis bloques, según los temas a discutir, lo cual permitirá "agilizar" la discusión en primer debate, a fin de que este proyecto sea aprobado lo antes posible.
Los otros dos artículos aprobados tratan de la creación y la conformación de la junta directiva que administrará el Fondo Fiduciario y los B/.1,300 millones que componen el capital, más el valor de las acciones de la empresa telefónica y las de energía eléctrica.
Jerry Wilson, legislador del PRD y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que de la forma en que se aprobaron estos artículos es posible que el proyecto tenga que ser declarado inconstitucional, ante cualquier denuncia que se presente.
Wilson manifestó que el artículo 153 de la Constitución Nacional en su numeral doce establece que la creación de las estructuras o instituciones del Estado corresponde a la Asamblea Legislativa, previa propuesta del Organo Ejecutivo.
Explicó que la aprobación de los artículos, mediante los cuales se crea la junta directiva que administrará el Fondo Fiduciario, podría provocar que en un futuro la ley que autoriza el uso de este dinero sea declarada como inconstitucional.
