El legislador y transportista, Marcos González, anunció que antes que finalice esta semana propondrá al pleno de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para implantar la pena de muerte en Panamá.
De acuerdo con González, esta ley es necesaria ante el incremento de asesinatos de transportistas, ya que la situación ha llegado a tal punto que "usted sale a la calle, pero no sabe si regresa".
Esta propuesta no riñe con la Constitución Nacional, porque ésta expresa que en la República de Panamá "no existe la pena de muerte", lo que a juicio de algunos constitucionalistas deja abierta la posibilidad porque la Carga Magna no dice que "no habrá", señaló.
Agregó que ha consultado con varios legisladores, quienes le han asegurado que están de acuerdo con esta propuesta, porque hay que buscar un alto a los altos índices de violencia.
Añadió que representará la iniciativa y corresponderá a los abogados determinar si la misma es viable.
Señaló que al momento de presentar este proyecto traerá al pleno a los familiares de los taxistas que han sido víctima de los malhechores y quienes han sufrido heridas por asaltos de donde milagrosamente han salido con vida.
En los últimos días se han registrado varios crímenes, siendo los taxistas las principales víctimas de los asesinos que en muchas ocasiones resultan ser menores de edad.
Los transportistas, especialmente del sector selectivo, han realizado caravanas hasta la sede del Ministerio de Gobierno y Justicia para pedir a las autoridades que se tomen las medidas para evitar que se sigan dando este tipo de actos de sangre que han dejado en orfandad a decenas de niños.
Inclusive en una oportunidad, los transportistas solicitaron a las autoridades que se le permitiera a todos los taxistas portar un arma para defenderse de los posibles victimarios.
Ante la posible oposición de algunos organismos de los derechos humanos, González se preguntó ¿dónde están los pronunciamientos de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Iglesia Católica por los que han fallecido en manos de los delincuentes?
Por su parte, , el legislador Rubén Arosemena presentó un proyecto de ley para aumentar las penas de prisión hasta 50 años por los delitos de homicidio simple y agravado, genocidio y para los que atenten contra la personalidad jurídica del Estado.
El proyecto también propone que la inhabilitación para ejercer funciones no excederá de los 50 años.
Arosemena sustentó la presentación del proyecto, señalando que la delincuencia en Panamá ha mostrado tendencia a la profesionalización y organización criminal, al tiempo que demuestra una extraordinaria dosis de insensibilidad ante el terror por el sufrimiento humano.
Agrega que la comunidad siente con honda desilusión las pírricas sanciones penales impuestas por hechos atroces y abominables que han conmovido la nación entera.
Sostiene que la sociedad no tolera que quienes han arrancado la vida a otra persona, solo en casos excepcionales sean condenados a 20 años de prisión.
De allí que este proyecto de ley pretenda introducir modificaciones al artículo 47 del Código Penal que limita a 20, los años de prisión en caso de asesinato, modificando a su vez los artículos 131, 132 que se refieren al homicidio; el 287 y 3l1, que regulan las penas por los actos contra el Estado y el genocidio y los artículos 188 y 188 A que castigan el secuestro.
Arosemena sostiene que la pena máxima de 20 años, parece encaminada irreversiblemente al fracaso dado que en cada caso han contribuido a detener a la delincuencia en su inquebrantable decisión de llevar una conducta punitiva.
Esto quedó evidenciado cuando se llega a la conclusión que los niveles de delincuencia organizada que padece el país, el desprecio por la vida humana que revisten los atentados contra personas inermes o desprevenidas.
El artículo 97 establece que la pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al doble de la pena señalada en la sentencia sin que exceda los 50 años.
Recientemente se ha dado una ola de asaltos y asesinatos donde están involucrados como víctimas conductores de taxis y ciudadanos de sectores populares.
El proyecto de ley establece modificaciones al artículo 47 del Código Penal, estableciendo que las penas de prisión que se imponga por un solo hecho punible puede durar desde 30 días, hasta 50 años.
La modificación propuesta por Arosemena, contempla que quienes cometan actos de secuestro serán sancionados con penas de prisión que van desde los 8 a 15 años de prisión.
