La exalcaldesa de La Chorrera, Brenda De Icaza descartó que la prueba del polígrafo o detector de mentiras a la que se sometió haya sido determinante en la condena que recibió por incurrir en presuntas faltas a la ley electoral.
Icaza aseguró que la citada prueba no fue tomada en cuenta al momento del juicio por los magistrados porque la misma había sido impugnada por sus abogados debido a que consideraron que no era el fiscal electoral quien tenía que aplicarla.
El juicio contra De Icaza tuvo su origen en la solicitud de desacato presentada por un ex funcionario del Municipio de La Chorrera, de nombre David Toppin Chacón, quien estando protegido por el fuero electoral, dada su participación como candidato a legislador suplente, en las pasadas elecciones del 2 de mayo de 1999, fuera destituido por la alcaldesa.
De acuerdo con De Icaza, el fiscal electoral, Gerardo Solís, no podía ser " juez y parte" al ser el fiscal de la causa y además aplicar la prueba del detector de mentiras. Manifestó que el fiscal debió buscar un perito que lo asistiera en la aplicación de la prueba porque él quedaba inhabilitado por ser el fiscal de la causa.
Reveló que presentó por intermedio de sus abogados un recurso ante la Procuraduría de la Administración para que ésta funcionaria se pronuncie al respecto.
Por su parte, el fiscal electoral, Gerardo Solís, sostuvo que la exalcaldesa se sometió voluntariamente al detector de mentiras y explicó que la ley establece que si el fiscal o juez de la causa tiene conocimiento de la materia no requiere de un perito que lo asista.
Solís afirmó que viajó hace dos años a Estados Unidos donde se graduó con honores en técnicas para detectar mentiras y aplicar la prueba del polígrafo.
Con relación al peso que tiene en la inocencia o culpabilidad, dijo que la prueba es un mero indicio que se valora sanamente por el juez. La prueba por sí sola no es elemento contundente para la condena, agregó.
Según el fiscal electoral en el expediente había suficientes pruebas para lograr la condena de la ex alcaldesa.
En tanto, De Icaza indicó que la condena que recibió fue injusta ya que ella cumplió con todas las recomendaciones dadas por las autoridades restituyendo al funcionario y pagándole sus prestaciones sociales, pero denunció que a pesar de eso, sorprendentemente, se le sigue el proceso.
Aseguró que hasta el día del hoy, el fiscal Solís no puede señalar pruebas contundentes en su contra en este proceso porque todo el expediente está basado en supuestos.
Icaza indicó que ni el propio funcionario afectado hizo alusión al fuero electoral de que gozaba el día la audiencia porque a juicio de él era necesario. "Entonces por qué se me quiere exigir que a mí que tenía que tener conocimiento del fuero electoral", preguntó la exfuncionaria. De Icaza lleva a cabo denuncias en diversos foros señalando las injusticias que se cometieron contra ella en el proceso.
Coincidieron en la necesidad de reformar el sistema porque afecta todos los ámbitos de la vida nacional, pero reconocieron la necesidad de que todos los sectores se involucren, pues es una tarea de todos.
Rivera, por su parte, hizo énfasis en que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de garantizar los recursos adecuados para que el sistema funcione adecuadamente.
