El incremento de personas dependientes de sustancias ilícitas se ha convertido en una amenaza para el sector empresarial que ve como un peligro la contratación del recurso humano con tendencia consumista.
Pese a que la Organización de las Naciones Unidas decretó que la drogadicción es una enfermedad, y no un delito, la iniciativa de aplicar pruebas antidopaje se ha convertido en la herramienta perfecta para condicionar contratos laborales.
La práctica tiene opiniones encontradas. En el sector público, los casos más controversiales se registraron en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), cuando se les aplicó a los conductores del transporte público en el 2009 y más recientemente a los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá(AMP).
En el último caso, la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) denunció la destitución de 15 funcionarios, después de aplicada la prueba, señalamientos que fueron negados por la AMP. Sin embargo, aceptaron que de manera aleatoria aplican las pruebas a conductores y agentes de seguridad como lo hacen muchas de las instituciones de gobierno.
Entre tanto, Alfredo Berrocal, de la Fenasep, insiste en que se trata de una flagrante violación a los derechos de los trabajadores que establece la Ley 9 de carrera administrativa.
En el caso de los conductores de buses, la ATTT aplicó en el 2009 pruebas antidrogas de manera sorpresa en varias piqueras.
Con la reciente implementación del metrobús, la práctica es obligatoria, según informaron en la empresa Mi Bus. “Se trata de una garantía para la empresa por la naturaleza del oficio”, dijo la fuente.
Entre tanto, Jorge Ricardo Fábrega, director de la ATTT, adelantó que unos 15 inspectores se encargarán de garantizar que las empresas concesionarias del transporte público garanticen la efectividad del servicio. Entre las medidas se contempla la aplicación de las pruebas sorpresa a los conductores.
