PTJ está penetrada por el crimen, Procuraduría

Unos 140 expedientes de funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) están pendientes de investigación por parte de la Oficina de Asuntos Internos de esa institución, lo que significa que uno de cada 10 agentes está investigado, reveló ayer el secretario general de la Procuraduría, José María Castillo.
En entrevista exclusiva con El Panamá América, aseguró que dentro de la PTJ existen funcionarios valiosos, pero también hay unidades que están sirviendo de herramienta a favor de algunas bandas delictivas que operan en la ciudad de Panamá.
A modo de ejemplo, citó el caso de un detective que se prestó para "sembrar" drogas a un empresario dentro de un litigio existente entre dos empresas y sostuvo que ese funcionario aún se encuentra dentro de la institución, pero ahora ascendido al grado de inspector.
Dijo que existe una grabación de este caso en donde el inspector aceptó su participación en el hecho ilícito, no obstante, el mismo sigue prestando sus servicios en la institución.
Castillo consideró que situaciones como ésta generan desánimo en el resto de los agentes, más cuando algunos tienen 10 años que no reciben ascensos. A la vez detalló que hace un año otro grupo de agentes "tumbó" a un ciudadano argentino un maletín con B/.10,000, cuando éste circulaba por vía Argentina, lo que demuestra la penetración de la delincuencia dentro de esa institución.
Sostuvo que hay graves indicios de la relación de funcionarios de la PTJ con bandas dedicadas a la comisión de secuestros, además de toda una serie de irregularidades cometidas por la falta de fiscalización de parte de las altas autoridades de la institución.
"La culpa de estas situaciones la tienen los que nombran en los cargos a personas con agendas distintas a la de la institución y este es un problema con antecedentes dentro de la PTJ y que es necesario resolver", aseguró José María Castillo.
Aquí queda demostrado, sostuvo, que hay agentes realizando trabajos de inteligencia para grupos criminales que compiten con otros y esta situación no puede permitirse en una institución auxiliar de la administración de justicia. "Existen funcionarios de la PTJ que a pesar de estas situaciones cumplen con su trabajo y quieren una depuración de la institución a costa de lo que sea y el compromiso del Ministerio Público es ayudarlos en esa tarea", planteó.
A su juicio, el procurador debe tener mucho que decir en el nombramiento, no sólo del director y subdirector de la PTJ, sino de todo el personal que labora allí, por lo delicado de su trabajo y ello requiere una reforma de la ley que la regula.
Dijo que el caso de la oficina de Interpol Panamá es otra situación en donde no existe ningún tipo de control y prueba de ello fue la situación surgida con una investigación relacionada con una pesquisa de narcotráfico en Italia, que al final culminó en una disputa política.
Luego se produjo otra situación con funcionarios que salieron del país a realizar unas diligencias en donde se estableció una especie de terrorismo, lo que produjo una serie de quejas. También detalló que hace un año otro grupo de agentes de la PTJ estuvo involucrado en el intento de secuestro de un ciudadano de origen colombiano, por el cual pretendían cobrar la suma de B/.2,000, pero que fue frustrado. Agregó que esas unidades hoy enfrentan un proceso judicial por este delito ante el Juzgado Quinto.
En este caso, la Fiscalía Superior Especial solicitó el llamamiento a juicio de los ex detectives Cecilio Espinoza, Luciano Aguilar y Héctor Rodríguez por el delito de secuestro en perjuicio del colombiano Winston Washington Granja, hecho ocurrido en el Centro Comercial Los Pueblos. Dijo que nunca se pudo establecer la conexión de estos agentes con los secuestros y muertes ocurridos a otros ciudadanos colombianos en esa época, pero su modus operandi era similar a los casos anteriores.
Sostuvo que la mayor parte de los funcionarios de esta institución están deseosos de llegar al fondo de estas investigaciones para determinar las responsabilidades en aquellos casos en donde se han dado faltas graves en cumplimiento del deber.