Lo anterior apareció en un comunicado público firmado por Venancio Caballero, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro y Luis Roquebert, gerente general de Petroterminales de Panamá.
En el documento, los frimantes aseguran que funcionarios de la Autoridad Maritima de Panamá (AMP), la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), la Policía Nacional y lugareños de la zona en mención han sido testigo de esta práctica criminal que busca inestabilizar a la compañía.
Aseguran que personas de las áreas demandantes han asumido una actitud hostil y amenazante contra los funcionarios de PTP.
"Estamos solicitando una investigación profunda y seria sobre estos hechos a las autoridades competentes".
Según Caballero y Roquebert, este comportamiento criminal afectando a personas inocentes y pobladores indígenas que no se atreven a denunciar a los actores de estos hechos por temor a posibles represalias.
"Eso está en proceso de ejecución porque de tres semanas a esta parte no se ha implementado cabalmente la creación de ese fondo, con el cual se nombraría a los oficiales", declaró.
Pero, el que estén contratados o no es lo de menos para el sindicalista López, quien reconoce que serían de gran ayuda, pero antes es necesario que las empresas les den la potestad para decidir en qué momento paralizar una obra, por riesgo.
Igual, es válido resaltar que antes de contratar tampoco se hacen exámenes médicos y chequeos a los nuevos obreros.
López dice que el problema es que gradúan ingenieros y arquitectos que en su pensum académico no incluye la seguridad y salud.
Hasta el momento, MITRADEL sólo tiene 58 inspectores en el país, los cuales no se dedican únicamente a la construcción.
"Por ser una profesión peligrosa no significa que deban morir trabajadores", reitera López.
Asegura que "aunque se dice que estas muertes ocurren por accidentes, en realidad son por homicidio culposo, debido a la negligencia de los empresarios".
Algunas empresas ya han contratado a sus oficiales de seguridad, pero lo ideal es que estén en todas.
CAPAC y SUNTRACS coinciden en que hay suficiente mano de obra calificada y con experiencia, y que ser "novato" no determina que tendrá un accidente.
Según Rodríguez, de CAPAC, anualmente se forman de 75 a 100 ingenieros en materia de seguridad.
La industria de la construcción aporta el 13% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en $150 millones en inversión. Pese a ello, continúa la denuncia de que no se invierte en seguridad laboral.
