Las diferencias surgidas por el aumento de las tarifas de la empresa telefónica Cable & Wireless podrían terminar ante un tribunal de arbitraje internacional, afirmó ayer ante la Comisión de Comunicación yTransporte de la Asamblea Legislativa, Alex Anel Arroyo, director presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
El desbalance o desequilibrio económico y las reclamaciones que están surgiendo de diversos sectores, podrían dar lugar a un recurso como éste, lo cual suscitaría que el problema tenga que dirimirse ante un tribunal de arbitraje, sobre la base de todas las normas que rigen esta materia en el ámbito internacional, indicó.
Arroyo dijo que en el caso que alguien presente una demanda, habría que ver qué tipo de reclamación haría, a fin de determinar si este tipo de recurso podría afectar de alguna forma las tarifas que se cobran.
Sobre la base de la demanda que se interponga y quien la presente, habría que ver si un proceso como éste beneficiaría a los usuarios de los servicios telefónicos y provocaría la rebaja de la tarifa que muchos han solicitado.
Por otra parte, Arroyo dijo que hay una realidad a la cual los panameños deben acostumbrarse y es que deben pagar por la calidad del servicio telefónico que reciben, ya que actualmente "se recibe un servicio de primer mundo y se quiere pagar por uno de tercer mundo".
Insistió en que la empresa en la actualidad está cumpliendo con la mayoría de las metas establecidas en el contrato ley.
Legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentes en la reunión, insistieron en que la addenda número dos aprobada por el actual gobierno, sobre la base de negociaciones realizadas por el ministro de Gobierno, Winston Spadafora, es ilegal.
Los perredistas alegan que la addenda no fue ratificada por la Asamblea Legislativa, razón por la cual pretenden presentar una demanda de nulidad contra esta modificación que se hizo al contrato-ley.
Después que se aprobó tal addenda, el entonces presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, José Guanti, así como los comisionados Rafael Moscote y Nilson Espino, aprobaron una resolución para suspender los efectos.
Sin embargo, no se logró la suspensión, razón por la cual el Ente Regulador elevó una consulta a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien afirmó que se requiere de la intervención y aprobación de la Asamblea Legislativa, como organismo refrendador o de control, para la aprobación de una modificación a un contrato de esta naturaleza.
La procuradora, en su opinión emitida en febrero de 2000, aseguró que es el Ente Regulador de los Servicios Públicos el organismo público que debe evaluar y constatar el desequilibrio económico y cobertura en la prestación, así como las metas de cumplimiento pactadas en el contrato ley firmado entre el Estado y la empresa Cable & Wireless.
En una sesión que se extendió por más de cuatro horas, la legisladora Balbina Herrera, presidenta del PRD, inisitió en que por esta razón este colectivo pretende interponer un recurso de nulidad a esta addenda ante la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, Arroyo indicó que de las 19 metas que debe cumplir la empresa, la única que no se cumplió en su totalidad en el año 1999 fue la número nueve que trata sobre las solicitudes de nuevos teléfonos y servicio telefónico básico.
Mientras que el legislador perredista, Miguel Bush, dijo que hasta donde ellos tienen conocimiento, el primer año la empresa dejó de cumplir con las metas 1, 2, 4, 9 y 16, razón por la cual el Estado panameño en lugar de aprobar una addenda, debió sancionarlos con una multa hasta de B/. 10 millones o quitarles el derecho a monopolio.
Indicó que el mismo contrato establece que basta con que la empresa incumpla con cuatro de las metas establecidas para que se imponga alguna sanción.
El legislador arnulfista, José Isabel Blandón, manifestó que en su opinión los miembros del PRD hacen ese tipo de reclamos, olvidándose de que fueron ellos quienes ratificaron este contrato con su voto en la Asamblea Legislativa.
Lo que sucede ahora con el incremento de las tarifas y otros problemas es producto de lo que se dispone en el contrato, simplemente el Estado panameño está hoy en la obligación de cumplir con lo que establece el acuerdo, afirmó.
A juicio de Blandón, todos estos pronunciamientos surgen por los resultados de las últimas encuestas que responsabilizan al gobierno anterior y al PRD por el incremento en las tarifas que hoy afectan a la mayoría de los panameños.
El director presidente del Ente Regulador, manifestó que el Estado panameño no está en capacidad de fijar topes a las ganancias de la empresa telefónica, sólo en lo que respecta a los precios hasta el próximo año, después de esa fecha, regirá la ley de la oferta y la demanda.
La Comisión de Transporte de la Asamblea decidió que seguirá el caso y programó una nueva reunión para la próxima semana a fin de tratar de encontrar una solución al problema, las que debe orientarse a que se respete el contrato, pero que evite el incremento de las tarifas.
Legisladores de las bancadas de gobierno y oposición coincidieron en que indistintamente de la posición política de cada legislador, hay que hacer lo posible por evitar un incremento de las tarifas.
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