Al dirigente sindical Guillermo Puga no se le permitió salir del país para participar en la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo.
Este impedimento se debió a que el Segundo Tribunal de Justicia no resolvió a tiempo la solicitud del dirigente separado de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, acusado del presunto delito contra la seguridad colectiva por el caso del envenenamiento con dietilenglicol.
En el edicto 1092, se corrió traslado al Ministerio Público para pronunciarse, en un término de tres días, pero el dirigente obrero tenía previsto viajar este domingo. Puga consideró que la acción es una “persecución sindical”.