Pugna por tierras en el distrito de San Miguelito

Una presunta estafa que se dio en la década del setenta podría provocar que cientos de familias de San Miguelito que tendrían que ser removidas para la construcción del segundo tramo del Corredor Norte se quedarán sin cobrar la indemnización que legalmente les corresponde.
Patricio De León, vocero de los moradores de Tinajitas, denunció ayer en la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa que desde la década del setenta compraron los terrenos en los cuales construyeron sus viviendas e incluso tienen sus títulos de propiedad y escrituras, pero ahora el Banco Hipotecario Nacional (BHN), les informa que estos documentos no tienen validez, ya que se las compraron a una entidad que no tenía la propiedad de estas tierras.
Rodrigo Romero, funcionario del BHN, afirmó ante la Comisión de Vivienda que el problema está en que el Municipio de San Miguelito en ese entonces vendió los terrenos a los moradores de esta comunidad sin ser la propietaria real de estos terrenos.
Explicó que en efecto han tenido conocimiento de que el Municipio se los vendió, pero hay que aclarar la situación legal de estas tierras, ya que fueron vendidas por una institución, cuando en realidad pertenecían a otra.
La situación fue plasmada ante la Comisión de Vivienda que ayer abordó el tema sobre la construcción del segundo tramo del Corredor Norte que obligaría el desalojo de más de 270 familias que residen en la ruta de esta vía desde Tinajitas hasta Villalobos.
Jaime Montero, director jurídico del Ministerio de Obras Públicas (MOP), señaló que si bien es cierto ya se emitió la orden de proceder, eso no quiere decir que se empezará a construir enseguida, explicó que a partir de este mes se iniciará con el estudio de impacto ambiental que incluye el cálculo de la indemnización a pagar por el Estado.
La orden de proceder para la construcción de la segunda fase del Corredor Norte que inicia en Tinajitas y concluye en Pedregal se dio en el pasado mes de diciembre y debe empezar este mes de febrero.
Jerry Wilson Navarro, legislador del PRD, informó a los moradores de estas comunidades que no deben preocuparse, ya que legalmente la indemnización se debe pagar independientemente de que tengan o no título de propiedad, porque por el tiempo que han vivido allí, ya tienen derecho posesorio sobre estas tierras.
Wigberto Quintero, presidente de la Comisión, designó una subcomisión que integrarán representantes de las comunidades, los legisladores, funcionarios del BHN, el Ministerio de Vivienda (MIVI) e incluso la empresa PYCSA que construirá la segunda fase del Corredor Norte.