Wikileaks dejó al descubierto, una vez más y como lo hizo en otros países, que los panameños se encuentran “ciegos” respecto de las decisiones que se toman en las altas esferas del poder. Todo, a espaldas de la gente.
ILEGAL.
“Pinchar” un teléfono de cualquier ciudadano sin una orden judicial es una violación lisa y llana a la letra de la Constitución Política. Es, además, la violación más elemental de la privacidad de las personas.
EXPLICACIÓN.
El Ejecutivo deberá explicar, con mucho mayor detalle del que lo hizo ayer, por qué la ex embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, reportó a sus superiores sobre los pedidos del Gobierno para intervenir teléfonos en forma ilegal. Estados Unidos debe, por su parte, aclarar los alcances de sus programas antidrogas que lleva adelante en suelo panameño, con el apoyo de agentes locales.
