Félix Villarreal, dirigente del FER 29, denunció que a pesar de que de la Rectoría “bajó la línea” de cerrar calles por el cobro de la electricidad, ese grupo estudiantil no acató esa medida porque reconoce que la deuda es producto del “despilfarro administrativo”.
El dirigente indicó que el FER 29 se opone a la insensibilidad social de la transnacional de electricidad, pero reconoce que la deuda de la UP es producto de que el dinero se gasta en el pago de una onerosa planilla de profesores y asesores que cobran hasta cinco sueldos en la institución.
Manifestó que esa agrupación viene advirtiendo el descalabro hacia donde se dirige la entidad, lo que representa un peligro, porque da pie a las nefastas intenciones de algunos sectores interesados en la privatización de la UP y del aumento del costo de la matrícula.
DESPIDOS POR CRISIS
El grupo Acción Gremialista Independiente de Trabajadores Administrativos (AGITA) de la UP, a través de un comunicado, denunció que ante la crisis económica de la UP, la administración y el secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), “han dejado entrever un mutuo acuerdo para destituir a cientos de humildes trabajadores”.
Indicó la agrupación que el “desorden financiero” en la universidad se origina a partir de la administración del Dr. García de Paredes y ha continuado acelerándose durante el mandato del Mgstr. Julio Vallarino.
Según este grupo, el “clientelismo político” a que han sido sometidos estudiantes, administrativos y docentes, ha creado una “casta” dentro de la institución que goza de “jugosos salarios, viáticos inflados, compras amañadas, nombramientos de queridas, familiares y adeptos”, lo que ha ido mermando los recursos universitarios.
“SOBREDIMENSIONAN” SITUACION NORMAL
Por su parte, Luis Prescott, secretario general de ASEUPA, negó que ese gremio apoye la destitución de funcionarios por la crisis económica y calificó los señalamientos de AGITA como “electoreros”, debido a que el 19 de diciembre próximo son las elecciones para escoger la junta directiva de ASEUPA.
Prescott manifestó que se trata de “sobredimensionar” una situación que es “normal” en la universidad, debido a que no llega a 100 la cantidad de empleados a los cuales se les ha rescindido su contrato y a los que se les ha reducido el tiempo de contrato a seis meses.
El dirigente aseguró que en la UP hay 2,200 empleados eventuales, por lo que 100 trabajadores es un número mínimo.
De acuerdo con Prescott, ASEUPA considera “incorrectas y mal intencionadas” las acusaciones que señalan que la crisis se origina por la abultada planilla con jugosos salarios que tiene la universidad.
Pero reconoció que hay que realizar cambios urgentes en el sistema democrático de la UP para “acabar con el clientelismo” que ocasiona el abultamiento de la planilla.
No obstante, aseguró que esos cambios deben ser aprobados en consenso por los propios universitarios y no por sectores foráneos a esa casa de estudios, porque hay que “cuidar la democracia” que existe para elegir las autoridades de la institución.