El director general de Salud del Ministerio de Salud (MINSALUD), Esteban Morales, advirtió ayer a los gobernadores del país, que los funcionarios que no colaboren con la entidad para evitar la mala práctica de la quema indiscriminada, serán objeto de sanciones tal como lo establece el Código Sanitario.
Morales dijo que se está enviando una circular a todos los gobernadores de Panamá, en el sentido de que tomen las acciones necesarias para obligar a los alcaldes, corregidores y regidores en todo el país, para que se cumplan las recomendaciones y disposiciones de las autoridades de Salud.
Agregó que los directores distritales de Salud se quejan continuamente que los alcaldes y corregidores hacen caso omiso de las recomendaciones sanitarias y se abstienen de tomar las medidas que contempla la ley, para la eliminación de estas prácticas.
"De no cumplirse estas disposiciones, apelaremos al Código Sanitario con las sanciones que están establecidas", dijo Morales, al indicar que los riesgos que corre la población por las quemas es el hanta virus, toda vez que los animales, entre éstos las ratas silvestres, tienden a abandonar su hábitat ubicándose en los poblados.
Según Morales, científicos panameños y norteamericanos concluyeron que la quema indiscriminada es el "mayor riesgo" para la aparición del hanta virus.
"Con la misma energía y responsabilidad como se suspendieron los carnavales el año pasado, evitaremos que se siga destruyendo la fauna en este país, y tomaremos las mismas medidas para evitar que se sigan haciendo quemas indiscriminadas", subrayó Morales.
Añadió que no solamente el hanta virus es un riesgo, sino la conservación de la capa de ozono, cuyo deterioro causa el efecto invernadero que produce un calentamiento de la atmósfera.
Morales también informó que toda persona que quiera alquilar una vivienda o cuarto en el interior durante los carnavales, tendrá que tener un servicio sanitario con la respectiva constancia del MINSALUD, de lo contrario no podrá hacerlo.
El Código Sanitario establece sanciones para las autoridades que se nieguen a prestar auxilio a los funcionarios de Salud, incluyendo multas, y descuentos del salario hasta un 25 por ciento de las multas que se dejaren de cobrar.
