Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Aníbal Salas y Graciela Dixon, además del ex procurador José Antonio Sossa y el ex magistrado César Pereira Burgos, fueron querellados ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, por un grupo de empresarios estadounidenses - panameños, por presuntos actos de corrupción.
Alexis Sinclair, apoderado legal de los querellantes, reveló que los funcionarios denunciados "encubrieron y protegieron a delincuentes de cuello blanco como Bolívar Pariente", en perjuicio de una empresa norteamericana que se fue a la quiebra, por un fallo de la CSJ.
Ante esta situación, Sinclair aseguró que solicitarán al gobierno de Estados Unidos que les revoque la visa a estos funcionarios que según dijo, "deben ser investigados por los diputados cuanto antes".
De no investigar a estas personas los parlamentarios, dijo el abogado, "las visas de ellos también estarían en peligro", toda vez que el gobierno estadounidense está dispuesto a tomar acciones.
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