El abogado penalista Roinel Ortiz Espinosa, apoderado de Alejandro Pérez, representante legal de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A., presentó una querella en contra del ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, por los delitos contra la administración pública y la administración de justicia.
Esta querella se presentó luego de que Bethancourt, a través del abogado Antonio Hurtado, interpuso una querella el 20 de febrero de este año en la Fiscalía Especial Anticorrupción para que se investigara a Ricardo Francolini Arosemena y nueve personas más como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales.
El Consejo de Gabinete autorizó mediante la resolución de gabinete 19 del 14 de febrero de 2017 al ministro Bethancourt para que en representación de Estado se constituyera como querellante en dicho proceso a cargo de esta Fiscalía Anticorrupción.
El querellante destaca que falsamente, dentro de las investigaciones iniciadas por el delito de blanqueo de capitales, pretenden vincular con la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. a Ricardo Francolini, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.
Explicó que el ministro hace señalamientos directos en cuanto a que los referidos pagos que no se llegaron a realizar fueron por órdenes de la empresa Odebrecht, sin aportar una sola prueba que respalde ello, con lo cual se observa la mala intención al respecto.
Señala que la agencia de instrucción recibió la querella del Estado en abierta violación a las normas que regulan la materia, toda vez que Bethancourt carece de legitimidad para presentar la querella admitida, pues no acredita ser víctima de los supuestos delitos querellados y, por tanto, se observa el delito de falso testimonio.
Esto porque autoridades de la República de Suiza en ningún momento han identificado ni responsabilizado a Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. de conducto dolosa o delictiva en esa jurisdicción.
Adicionalmente, en el artículo 2003 del Código Judicial y los artículos 79 y 84 del Código Procesal Penal, a propósito de querellante, se establece quienes pueden ser considerados querellantes legítimos.
Además, aclara que el punto cuarto del escrito de querella del licenciado Bethancourt es falso, por cuanto refiere que Ricardo Francolini presentó certificado de acciones de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. ante las autoridades de Suiza para hacer ver que se justificaban con esos pagos de Odebrecht que son investigados en esa jurisdicción y se vincula otras sociedades y personas que no son señaladas por el ministro.
Añade que no existe prueba en el "dossier" que determine lo que asevera la querella del ministro para establecer la conjetura que plasma.
Destaca que, igualmente, el ministro, al interponer esta querella, incurrió en abuso de autoridad, ya que él no es víctima, el Estado no es víctima, y él como empleado público solo puede realizar funciones para las cuales está facultado.
A destacar
Investigación
El diario “La Prensa” de los días 10 y 11 de marzo ha señalado hechos relativos a la querella y al procedimiento reservado, acceso que se le ha negado a la defensa, en violación de principios fundamentales y de derechos humanos, por lo que dicha violación debe ser investigada y aplicar las sanciones a los responsables, es decir, las fiscales Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleika Moore, asegura el abogado.
Cuantía
Por último, fija la cuantía provisional del daño cuya reparación pretende en la suma de 120 millones de dólares, lo cual incluye el costo de la inversión y la deuda con los bancos acreedores, hipotecarios y financistas de la obra. Aporta como elementos documentales certificado del Registro Público 1081567 emitido a favor de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A.
