Luego de 10 días de haber sido aprehendido tras formulársele cargos por delitos contra la administración pública, Rafael Guardia, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue citado para encarar a los fiscales anticorrupción.
Sin embargo, se abstuvo de declarar con relación a los bienes que le han sido cautelados y que ascienden a 16 millones de dólares.
Guardia se acogió al artículo 25 de la Constitución Política, que dicta que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes”.
Al ser trasladado a la celda preventiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el pasado 17 de noviembre, Guardia señaló que tenía las pruebas para sustentar cómo había obtenido sus bienes, que van desde propiedades y autos hasta cuentas bancarias.
El también exgerente del Banco Hipotecario es investigado por las cuatro fiscalías anticorrupción por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción y contra la administración pública.
El llamado a Guardia se da un día después de que un testigo protegido rindiera declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Código Judicial establece la figura del testigo protegido cuando se considere que la persona que va a declarar corre peligro de muerte.
Regularmente, este tipo de figura judicial es utilizada en las investigaciones de procesos penales que se siguen contra el crimen organizado.
