El Ministerio Público citó ayer al directivo del Consorcio San Lorenzo, Stephen Jones, al reanudar las investigaciones por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), pero éste no compareció a la citación.
También ayer acudió al Ministerio Público la jefa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dalis Terán, quien en calidad de perito, debía declarar sobre la posible existencia de transacciones sospechosas en fechas cercanas en las que se produjo la aprobación del contrato del CEMIS.
A la vez se informó que uno de los sindicados en este proceso, el legislador del Partido PRD, Mateo Castillero, se encuentra en un viaje por un país asiático y que no podrá comparecer a cualquier tipo de citación que haga el Ministerio Público. Se informó que con Castillero viajó un grupo de legisladores.
En tanto, los legisladores oficialistas, Marcos González, Arturo Araúz, José Carrello y Hayde Milanés de Lay estimaron que es necesario que el Ministerio Público haga señalamientos directos contra parlamentarios que estén involucrados en el caso CEMIS y no intentar que todos se levanten la inmunidad.
Por su parte, el abogado Liborio García, representante legal de Lew Rodin, estimó necesario que el Ministerio Público adopte una nueva estrategia de investigación dentro del proceso por el pago de sobornos del CEMIS.
En tanto, transeúntes y automovilistas, conmovidos por el cuadro de miseria y, quizás, avergonzados ante personas cuya dignidad ha sido reducida a su mínima expresión, hacen llegar bolsas de comida y ropa.
Sábanas viejas, colchonetas, cartones, hojas de zinc, pedazos de madera y hasta un deteriorado sillón, sirven de "paredes" para "proteger" del sol y la lluvia a mujeres embarazadas, niños y niñas en edad escolar, y a pequeños infantes que no tienen siquiera una mamadera para tomar su leche.
Prácticamente todas las familias están encabezadas por mujeres, pues muchos de los varones han dejado abandonada a su prole, lo que agrava la situación de los ya de por sí, atribulados afectados.
Para colmo, una vez introducidos los enseres de cada familia en los camiones que envió la Caja de Seguro Social para la mudanza, sus propietarios no pueden tener acceso a ellos hasta tanto consigan un lugar donde mudarse. Por consiguiente, los niños no asisten a la escuela porque no tienen uniformes, y los demás, usan la misma ropa de hace varios días.
Como corolario de tanta indignidad, esas personas no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas ni un lugar donde asearse.
"Nosotros nos metemos por allí (en un callejón), donde nos podemos tapar un poquito para bañarnos, orinar y ...lo otro", dijo una afectada, que en esos momentos cambiaba el pañal desechable a su bebé.
Una de esas madres lloraba desconsolada y enviaba un mensaje a la presidenta Mireya Moscoso: "Ella también es madre sola y dijo que iba a ayudar a los más pobres. ¿Dónde está ahora? No le interesa con niños, ni con las mamás, ni con nadie. ¡Mire cómo duermen! ¿Dónde están los derechos humanos? Usted no tiene idea de lo que hemos pasado aquí con estos aguaceros. Estamos cerca de la playa. Tenemos que estar poniéndoles cartones y sábanas encima a los pelaos", señaló entre acongojada y molesta.
De hecho, un niño de meses de nacido convulsionó la madrugada de ayer, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño.
Vielka Gómez, una niña de unos 9 años, estudiante de la Escuela República de Venezuela, advirtió que los legisladores no los apoyan. Pide a "Mireya" que dé solución.
"Yo le pido a Mireya que nos den solución, porque ella tiene solución y se está riendo de nosotros. Ella no quiere venir aquí a darnos solución. Ella tiene a su hijo allá y nosotros estamos aquí. Los niños enfermos y los niños recién nacidos se están mojando. Ella no da medicinas para que los niños no estén enfermos", dijo emocionada la pequeña.
Otra mujer, entrada en años, y con más de 40 años de residir en la renta, argumentó que ella optó por ir a vivir donde un hijo, en Pueblo Nuevo. Pero él también vive en un cuarto de una casa condenada, donde no hay agua ni para tomar. Es muy pequeño y no cabe en ese lugar, por lo que se regresó a Calle 27. Asegura que el MIVI le prometió que le daría una solución de vivienda.
"No te llames a engaño", le dijo otra moradora. "Ya esos apartamentos que tiene el MIVI en Avenida B están apartados para la gente de ellos", añadió en tono de rabia contenida y desesperanza.
"Yo sí estoy preocupado por esta situación", dijo uno de los pocos hombres que han quedado allí y que residió en la renta durante 25 años, desde que aún era un niño. "¿Usted cree que si yo tuviera un lugar adonde ir estuviera aquí en la calle con mi familia?", pregunta apesadumbrado. El fue uno de los que resultó detenido y golpeado durante el desalojo.
Así, el cuadro desolador hace que en la conciencia se prenda una luz de advertencia. Allí no se observa a extranjeros, que también son seres humanos. Allí hay panameños, especialmente niños, que merecen una mejor calidad de vida y que hoy, claman por un techo digno donde cobijarse.
Hay quienes se han atrevido a decir que muchos son malvivientes. La realidad es que lo que se observa en ese alero de un antiguo local comercial, es a mujeres que tratan de ganarse la vida vendiendo chucherías, a personas que no por tener un empleo informal, son malvivientes.
Allí hay seres humanos y, de partida, eso es lo que cuenta. No en vano, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, advierte que "el Capítulo 6° de la Constitución Política de la República de Panamá, dedicado a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, consagra en su artículo 113 el derecho social que tiene toda la población, de contar con una vivienda, y obliga al Estado a establecer una política nacional de vivienda, destinada especialmente a los sectores de menor ingreso".
Por lo pronto, Ramón Ashby, representante de Calidonia, sostiene que la Caja de Seguro Social (CSS), propietaria de la Renta 5, no cumplió con un acuerdo previo en que se comprometió a no desalojar hasta tanto se construyera una barraca en terrenos, propiedad de esta institución, en el corregimiento de Parque Lefevre.
En tanto, Samuel Rivera, sub secretario de la entidad, afirma que la entidad no ha abandonado a su suerte a los afectados, a quienes se les ofreció alojamiento en una pensión durante el fin de semana pasado, pero éstos no aceptaron.
Añadió que se sostienen conversaciones con autoridades del MIVI para construir barracas temporales en terrenos de la CSS, aunque eso demorará un tiempo, por lo que los instó a que "traten de buscar salidas a la situación que enfrentan".
También se recurrirá a la Alcaldía de Panamá para estudiar la posibilidad de alojar a los afectados en un gimnasio, de manera temporal.
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