El director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, confirmó ayer la recaptura de dos de las cinco reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación que se fugaron la noche del viernes durante un motín liderado por un grupo de narcotraficantes colombianas que solicitaba indulto.
Sosa alegó que durante la rebelión las detenidas destruyeron tres pabellones del centro de reclusión y cinco de ellas aprovecharon la ocasión para escapar por el techo de las celdas, por lo que fue necesaria la intervención de miembros del control de multitudes para sofocar el amotinamiento.
Según el jefe de la Policía, el levantamiento estuvo encabezado por un grupo de reclusas colombianas condenadas por delitos relacionados con drogas que exigían un indulto, pero que no califican para optar por este beneficio.
Estimó que esas personas dedicadas al tráfico de estupefacientes ahora buscan un perdón, sin embargo, se han olvidado de los que han envenenado con la droga introducida al territorio nacional y ahora quieren recibir una libertad condicional sin haber cumplido su condena.
Dijo que a raíz de la destrucción efectuada en las instalaciones del Centro Femenino de Rehabilitación se ha determinado presentar un denuncia formal contra la detenidas que ejecutaron la acción.
Aseguró que los daños ocasionados son cuantiosos y alguien deberá responder ante la justicia por este tipo de acciones contra la propiedad del Estado y agregó que las unidades de la Policía se han hecho cargo de las labores de vigilancia en el lugar.
El Centro Femenino de Rehabilitación mantiene una población de unas 175 reclusas, en su mayoría vinculadas con delitos de narcotráfico. Algunas de las detenidas eran usadas como mulas para el tráfico de estupefacientes.
Por otra parte, el director de la Policía Nacional designado, Carlos Barés, dijo ayer que el motín de la Cárcel de Mujeres se debió a que estas instalaciones son custodiadas por efectivos policiales.
Consideró que la Policía debe abandonar las cárceles y permitirle el patrullaje a los custodios civiles, para dedicarse ellos a vigilar las áreas perimétricas del penal.
Adelantó que una vez Mireya Moscoso asuma el poder se trabajará para lograr que la vigilancia total de los centros penitenciarios sea ejercida por custodios civiles.
En otro orden, Barés se mostró partidario de que todos aquellos internos que hayan cumplido la mayor parte de su condena, terminen la misma en sus países de origen.
Señaló que se hace necesario revisar los convenios internacionales en materia penitenciaria suscritos con los países de la región a fin de lograr el traslado de los internos extranjeros a sus respectivas naciones.