Serios cuestionamientos al proyecto de ley que reposa en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa que crea el marco regulatorio del Canal Once de Televisión Educativo, expuso el Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP).
El ente universitario solicitó a la Asamblea que no tome una decisión sobre este proyecto de ley en forma precipitada e inconsulta, y devuelva a la Universidad de Panamá el derecho a regentar, junto al Ministerio de Educación, el funcionamiento de la radio y televisión educativa.
El organismo se pregunta si la verdadera intención del anteproyecto de ley 128, que crea el patronato de la Radio y Televisión Educativa, es legitimar un mecanismo a la medida de los actuales administradores para continuar medrando a costa de una institución de tanto valor.
Agrega que la Universidad de Panamá ha denunciado en otras ocasiones el carácter excluyente y unilateral impuesto por la actual administración, marginando a la institución que por mandato constitucional es rectora de la educación superior del país, trastocando seriamente sus objetivos y fines.
Reitera que la Universidad no comparte la exposición de motivos del referido proyecto de ley, ni las razones por la cual ha sido tramitado en la comisión legislativa, dándole un carácter similar al de las estaciones de televisión comercial, dejando a un lado su objetivo primario que es la educación y la cultura.
La Primera Casa de Estudios aclara que no se opone al diseño de un modelo de gestión eficiente y moderna para RTVE, sin embargo, pareciera que el instrumento que se impulsa en la Comisión de Comunicación y Transporte, "no tiene ese fin" porque hay dudas en su transparencia.
El Consejo Académico pregunta ¿por qué no se hizo un diagnóstico y planificación o una auditoría e inventario de los recursos institucionales, ni se sustentaron argumentos como "el peligro de un fracaso" capaz de ocasionar una pérdida millonaria patrimonial? ¿Acaso no será el verdadero interés aprobar un mecanismo para facilitar la continuidad de los actuales administradores?
Frente a esta situación, es impostergable escuchar la opinión de las diferentes entidades del Estado, como la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas, y demás actores del sistema educativo.
