La Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) pidió a la procuradora Ana Matilde Gómez, que rechace el contrato celebrado entre la empresa ICA S.A. y la Caja de Seguro Social, mediante el cual se venden unos terrenos propiedad del Estado en B/ 3 millones, cuando su valor real era de B/ 7 millones.
