El presidente de la Cámara Provincial del Transporte (CANATRA), Iturbides Quintero, expresó total rechazo a la resolución de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que elimina el papel ahumado en los automóviles dedicados al transporte y recordó que la Ley 34 permite el uso de este papel.
Quintero le reiteró el apoyo del gremio al administrador de la ATTT, Pablo Quintero Luna en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el transporte, sin embargo, al mismo tiempo le advirtió que estas soluciones deben buscarse en el marco jurídico existente y no de manera arbitraria.
En vista de la incidencia de actos delictivos donde se ven involucrados unidades del transporte en general, la ATTT decidió eliminar el papel ahumado (oscuro) en los autos dedicados a esta actividad, incluyendo al transporte colegial.
El dirigente transportista le recordó al director de la ATTT que siempre ha apoyado los esfuerzos oficiales para poner orden en el sector, pero siempre que estas acciones estén reglamentadas por la ley.
Quintero indicó que el artículo 48 de la Ley 34 de 1999 permite la utilización del papel ahumado en tono intermedio hasta grado dos en el transporte colectivo, urbano e interurbano y selectivo a fin de minimizar los efectos dañinos de los rayos solares a los usuarios e interiores de los vehículos y mejorar la eficiencia de los aires acondicionados.
Afirma que este artículo está vigente y por consiguiente, tanto el director de la ATTT como todos los funcionarios están obligados a respetar esta norma o de lo contrario se está cometiendo un delito de abuso y arbitrariedades en el ejercicio de las funciones públicas.
Quintero advierte que esta situación de violación de la norma crea un problema, porque los ciudadanos no están obligados a cumplir una decisión que va en contra de lo que establece una ley. y además provoca un conflicto entre los transportistas y los inspectores de Tránsito, advirtió.
Jované indicó que personalmente no está dispuesto a correrle el gusto al Fondo Monetario Internacional (FMI) de quitarle los derechos que tienen los profesionales.
A juicio de Jované, el presupuesto de la CSS debe ir a consideración de la Asamblea Legislativa y no ser aprobado por el Ejecutivo, ya que sería la segunda vez que utiliza el mismo método de bloquear la aprobación para violar la autonomía.
Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Erasmo Muñoz, reiteró que la instancia sigue en sesión permanente para tratar de aprobar un presupuesto balanceado.
Mientras que el viceministro de Finanzas, Publio Cortés, cuestionó a Jované por la presentación de un presupuesto deficitario y por acusar al Gobierno de querer imponerle la compra de B/.500 millones en bonos del Estado.
Cortés señaló que esta posición es sólo una excusa, pues recordó que en el mes de julio la administración solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que autorizara a la CSS a invertir en títulos y valores emitidos por el Estado sin tener que realizar y solicitar para cada caso la opinión favorable del Consejo Económico y del Consejo de Gabinete.
Según Cortés, lo que para Jované antes estaba bien, ahora está mal, refiriéndose a la posible inversión en papeles del Estado.
En tanto el Banco Nacional de Panamá (BNP) destaca, mediante un comunicado, que la garantía de la protección a los asegurados no se obtiene culpando infundadamente a otra entidad estatal, como lo ha hecho la Caja de Seguro Social con la entidad bancaria.
La respuesta del BNP surge ante los insistentes cuestionamientos que ha hecho la administración de la CSS por los bajos intereses que devenga la institución por los dineros depositados en el banco el estatal, y que a juicio de los administradores de la CSS se le debe permitir reinvertir estos dineros en otras áreas, donde obtengan mejores intereses como una de las acciones destinadas a mejorar la situación financiera de la institución.
El BNP afirma que no se puede responsabilizar a otros por los problemas financieros, estructurales y administrativos, para resolver los requerimientos de sus programas de seguridad social, ya que esto se enmarca dentro de la capacidad y responsabilidad de la propia administración de la CSS.
El banco advierte que manejar las reservas internacionales de la República de Panamá, "nos obliga por ley a que la liquidez sea colocada única y exclusivamente en instituciones o instrumentos financieros que tengan grado de inversión bajo parámetros internacionales".
Dentro de esa calificación, sostiene el comunicado, el Banco Nacional de Panamá dirige los recursos exclusivamente hacia instituciones bancarias en las principales economías del mundo, que dentro de ese nivel son consideradas las más seguras en el mercado bancario y financiero internacional.
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