El dirigente de los destituidos controladores aéreos, Claudio Dutary, manifestó que están en contra de la privatización masiva de los servicios del aeropuerto de Tocumen y solicitó al gobierno evaluar este proceso debido a la de falta de transparencia en el mismo.
Señaló que públicamente han sido enemigos de la privatización de los servicios del aeropuerto, porque en ningún momento se ha tratado de tomar en cuenta al país.
"Aquí nadie ha consultado nada, simplemente se está vendiendo el patrimonio aéreo del país, no sé si es porque es la moda o porque hay intereses de funcionarios en esa privatización" dijo.
Manifestó que el gobierno debe aprovechar la suspensión de esta privatización para hacer una reevaluación del tema y tome medidas más realistas al respecto.
Aseguró que en Europa se están haciendo fuertes críticas en contra de la privatización de los servicios de los aeropuertos, debido a que esta modalidad no está rindiendo lo que se esperaba por parte de los usuarios.
Otras de las medidas a las que se oponen los controladores aéreos es la aprobación del proyecto que crea la Autoridad de la Aviación Civil, ya que esto deja abierta la puerta para que el actual presidente nombre a su director.
Subrayó que la actual administración de Aeronáutica Civil ha ejecutado una política "desastrosa" en lo que se refiere al mantenimiento del patrimonio aéreo, lo que facilita la injerencia del ejecutivo en este sector.
Por otra parte, Dutary calificó de "irrespetuosa" la actitud del gobierno de posponer por segunda vez la audiencia de los controladores aéreos, quienes solicitan su restitución en el cargo.
Según el dirigente, la audiencia que estaba programada para el 9 de julio fue pospuesta por segunda vez para el 25 de este mes, lo que alarga más el proceso y la búsqueda de estabilidad laboral por parte de los controladores.
Indicó también que por segunda vez, el juez titular del proceso es enviado de vacaciones "justamente" cuando tiene que llevar a cabo el proceso judicial y en su efecto se nombra a una juez que desconoce un proceso tan voluminoso y extenso como el de los controladores aéreos.
Indicó que es preocupante la manera en que el Organo Judicial atrasó un proceso que debió iniciar desde hace mucho tiempo, lo que a su juicio evidencia que no tiene interés en adelantar las diligencias judiciales que involucran a los controladores aéreos.
Los 69 ex funcionarios, quienes fueron destituidos por el presidente Ernesto Pérez Balladares a principio de 1997 bajo la acusación de que atentaron contra la seguridad del país, adelantaron que de ganar este proceso interpondrán una demanda por daños y perjuicios contra el Estado.
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