Son muchas las preguntas que el panameño común se hace, luego de los desaciertos en que ha incurrido este gobierno. Después de la ascensión de doña Mireya al solio presidencial, se acrecentaron las expectativas de los ciudadanos en cuanto a la realización de un gobierno tal como se había prometido, un gobierno que beneficiara a las grandes mayorías, o tal vez, una administración que resolviera los mismos problemas que tanto censuraron cuando estuvieron en oposición.
En fin, al transcurrir ocho meses de gobierno, la percepción de los ciudadanos es que el mismo no ha desarrollado una ejecutoria capaz de dar solución a los inmediatos problemas nacionales, ni de consolidar la confianza depositada en la mandataria durante las pasadas elecciones de mayo del ´99. Surgen luego una serie de preguntas, ¿por qué esta administración parece no haber despegado?, ¿por qué las inconsistencias, contradicciones y deficiencias de los actuales administradores de la cosa pública?, ¿se necesitará de voluntad o de personas más capaces para realizar una mejor labor?
Sabido es que para realizar un buen gobierno, es necesario designar en los cargos de decisión a personas capaces, con solvencia moral y que no se hayan desgastado políticamente, o como decimos en buen panameño quemado. La presencia en la administración pública de personas que no cuenten con estos esenciales mínimos, sólo deja una gran estela de dudas y una pobre acción gubernamental, más aún, si estos son designados por compromisos políticos, como por ejemplo el "conveniente" Pacto de La Pintada, supuesto a garantizar la gobernabilidad y eficiencia de la labor de la presidenta.
Acaso deberíamos pensar que las faltas y fallas de este gobierno se deban precisamente a que sus cuadros directivos y ejecutivos son más políticos que técnicos. Sólo basta con ver en el listado de los altos funcionarios públicos, el gran número de ex candidatos a puestos de elección, a quienes el electorado descalificó para representar y defender los intereses de la Nación, hoy "reenganchados" y asilados en las filas del gobierno arnulfista.
Estos altos dignatarios del Estado deslegitiman en cierta medida un gobierno electo por las mayorías de los panameños, al no haber sido ellos precisamente favorecidos con el escogimiento popular, sin embargo, son estas figuras encumbradas quienes tienen la responsabilidad de ejecutar una cuarta parte del Presupuesto General del Estado, nada más y nada menos que la friolera de aproximadamente mil quinientos millones de dólares.
