Durante un planteamiento relacionado con la labor que cumplen los organismos adscritos a Gobierno y Justicia, como la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional, Escalona resaltó la necesidad de contar con el presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones.
Escalona dijo que su experiencia de haber manejado un presupuesto de B/. 60 millones en inversiones en el Fondo de Inversión Social (FIS), donde se logró un alto porcentaje de ejecución, le permite reclamar "dinamismo y capacidad de ejecución", ahora que está en Gobierno y Justicia.
Sin embargo, señaló que se encuentra con un presupuesto donde el 99% del componente corresponde a funcionamiento, por lo que ha planteado al resto de los ministerios, que Gobierno y Justicia necesita más fondos para inversión.
Aclaró que el ministerio a su cargo demanda invertir en más unidades de policía, para el Servicio Aéreo y para el Servicio Marítimo.
De allí advirtió que estará pendiente con la ejecución presupuestaria de otros ministerios y solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas los traslados de partidas correspondientes.
Por otro lado, Escalona aseguró que la Policía Nacional se está preparando para incrementar el número de unidades en las calles al acercarse las fechas de celebración de fin de año.
No obstante, también hizo un llamado a todos los ciudadanos para que hagan su aporte, a fin de que el país goce de una mejor seguridad.
Escalona no descartó que se nombren nuevos agentes para custodiar y dijo que se considera la posibilidad de promover la presencia de personal administrativo en las calles.
En tanto, recordó que se está a la espera de las conclusiones de la Comisión Intersectorial encargada de elaborar un informe sobre las políticas en materia criminológica. La comisión instalada a comienzos de su gestión, busca establecer las estrategiaspara reducir la criminalidad y la violencia que afecta a la sociedad panameña.
Según Rodríguez, el problema radica en que las directivas no cuentan con la capacitación suficiente para conocer sus derechos y cumplir así con los deberes. (liderazgo, control de fondos, movilización de recursos etc). Explicó Rodríguez que existen hoy día más de 15 denuncias fundamentadas sobre malos manejos de fondos. Los fondos manejados por las directivas oscilan entre los B/ 3.000 y hasta los B/ 80.000
Las pérdidas que se han producido superan los B/ 250.000.
Sucede que los abogados que pusieron las denuncias de las asociaciones, cometieron el error de presentarlas como peculado, figura jurídica que no procede porque no se trata de fondos públicos. La denuncia debe presentarse bajo los cargos de apropiación indebida de fondos, robo, latrocinio, abuso de confianza.
Además, no hay fondos para pagarles los honorarios a los abogados, toda vez que los fondos disponibles fueron robados, y a veces “ los procesos se caen” debido a la lentitud de la justicia. De acuerdo con Rodríguez, existe una comunidad donde “todo mundo” quiere apropiarse de los bienes ajenos; hay una crisis de credibilidad generalizada y esto ha provocado que en los centros educativos no quieran pagarse las cuotas de Padres de Familia. Pronosticó Rodríguez que la situación se agudizará el próximo año por los recortes presupuestarios y el desempleo. En muchas asociaciones se les entrega subsidios para personas de escasos recursos, acción que va a tener que ser eliminada. La contención del gasto público y la rebaja del Seguro Educativo tendrá graves repercusiones en el normal funcionamiento escolar y no se podrá contratar a profesores y se eliminarán varios o casi todos los subsidios estudiantiles. Denunció el nepotismo de los padres de familia, muchos de los cuales tienen 10 años de ser presidente de los Padres de Familia, pues adoptan un acudiente para mantenerse en el poder. Los padres y madres de familia toman a las escuelas como guarderías y no se acercan a las escuelas para preocuparse por sus hijos. Sucede que hay acudientes profesionales que pertenecen a varias directivas y en todas roban, advirtió Rodríguez.
Los casos más típicos fueron escenificados recientemente en el Instituto Nacional y la Escuela Profesional cuyos directivos eran los mismos y robaron fondos superiores a los B/ 120.000. Los casos terminaron en la Fiscalía; los abogados se retiraron de los casos por falta de pago de sus honorarios profesionales. Según el dirigente ni la Contraloría ni el Ministerio de Educación cuentan con el personal suficiente para auditar los fondos de más de 4,000 escuelas que funcionan en todo el país. Se encuentra en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley presentado por el H.L. Julio César Castillo, que permitirá la descentralización del sistema educativo y que pretende regular de forma integral el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia. Se modifica el escogimiento de las directivas, el nombramiento del Consejo de Delegados, el diálogo entre director del plantel y la comunidad educativa, además de que se presentará un proyecto de presupuesto que salga de la propia comunidad educativa y un proyecto educativo de centro.
