Un grupo de reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación limpia las afueras de la cárcel.
Con rastrillos, escobas, recogedores y bolsas en mano, limpian todo desperdicio que desluzca el que se ha convertido en su segundo hogar. La actividad forma parte de los quehaceres que desarrollan las internas.
El desborde de pollos ocurrido hace un par de semanas en Ciudad Radial se suscitó a raíz de dos obstrucciones que se encontraron en la línea principal, en las calles primera y quinta.
La acumulación de grasas y plumas en la línea del acueducto, que tiene una medida de 36 pulgadas de diámetro fue lo primero que se reportó.
El detonante de esta situación, a pesar que las autoridades universitarias no quieren aceptarlo, fue el apuñalamiento del estudiante Bolívar Aldeano, de la Facultad de Economía, por disputas entre grupos políticos por el control territorial en la UP.
Como resultado de esta riña, la UP fue cerrada por cuatro días y el Consejo General Universitario aprovechó para debatir medidas que buscan auditar a los grupos estudiantiles y regular la existencia de estos negocios, entre otros puntos.
El monto de lo que generan estas actividades al año es un misterio que ni las autoridades de la UP ni los grupos universitarios quieren revelar. Lo cierto es que la deuda de los estudiantes con la universidad asciende a B/.87 mil en concepto de energía eléctrica, agua, teléfono y el pago por el uso de locales.
Ahora la UP les puso un periodo límite de 60 días para que cancelen esta deuda. Y a los que acumulen más de dos meses en morosidad, se les quitarán los locales.
Se estima que la UP ha dejado de recibir más de B/.200 mil en los últimos años por el apoyo que brinda a estos grupos políticos.
El Consejo General Universitario decidió, además, obligar a los grupos estudiantiles a abrir una cuenta en la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá a nombre de las diferentes facultades para que depositen las ganancias, que deben ser auditadas bimestralmente.
La tarea de "meter en cintura" a estos grupos no parece fácil, porque diversos movimientos estudiantiles han lanzado amenazas de "pasarle la factura" a los decanos, vicedecanos e inclusive al propio rector, si buscan reelegirse en sus cargos en las próximas elecciones.
"Todo esto es política", gritó un joven que pasaba por la Rectoría donde dirigentes estudiantiles sostenían una reunión con las autoridades.
El director de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Nelson Novarro, reconoció que los fondos generados por estas actividades no se están usando de la mejor manera, por lo que ha sido necesaria su reglamentación.
Estos negocios han proliferado de forma desordenada en la UP y se estima que sólo en el Campus Central existen alrededor de 100. Los mismos son otorgados a los grupos estudiantiles que ganan las elecciones en las respectivas facultades.
Novarro explicó que a los grupos se les ofrece el control de estos locales como un apoyo "para las actividades a favor de la masa estudiantil", toda vez que en el presupuesto no se contempla un aporte de esta índole.
Informes obtenidos por este diario señalan que en varias ocasiones decanos de diferentes facultades presentaron ante el Consejo Académico solicitudes para que se instalaran medidores de luz en estos negocios, pero la petición fue rechazada por las autoridades universitarias.
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