Un grupo de profesores del departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá presentaron ante una comisión nombrada por el Organo Ejecutivo, un documento que contiene recomendaciones y soluciones para mejorar el sistema judicial y la administración de la justicia.
La presentación se llevó a cabo el día 30 de noviembre de 1998 en una reunión sostenida en el Colegio Nacional de Abogados.
El documento fue suscrito por el decano de la facultad, Julio Lombardo; el director del departamento de Derecho Procesal, Abel Zamorano y el representante de la comisión nombrada por el ejecutivo, Candelario Santana
La iniciativa surge porque según los docentes de esta especialidad, son muchos los problemas que se generan a raíz de la administración de justicia en Panamá, lo cual es producto de duras críticas al sistema judicial.
Los profesores aseguran que estas circunstancias perjudican a los que de una u otra forma se encuentran involucrados en el asunto, ya sea como protagonistas o como simples usuarios.
Señalan que las críticas varían desde la lentitud del sistema, hasta la credibilidad, casos de corrupción que envuelve a sus funcionarios, adelantados por las pésimas condiciones de trabajo, bajos salarios y la premura de la clientela judicial.
Manifestaron sentirse comprometidos con la realidad del sistema judicial existente y con el grave problema planteado por una administración de justicia ineficiente y en crisis.
El documento contiene un diagnóstico de la situación actual del problema judicial, subdividido de la siguiente forma: el administrativo, que se refiere a la organización y funcionamiento del despacho u oficina judicial; el procesal, que trata sobre el procedimiento y la actuación judicial, y el humano, integrado por los sujetos del problema, entre ellos los magistrados y jueces, funcionarios judiciales, abogados y demás usuarios del sistema.
El aspecto administrativo recoge una serie de inconvenientes como un sistema obsoleto y superado de la oficina o despacho judicial, cuyos aspectos administrativos recargan a los jueces y funcionarios.
Enmarca además la carencia de material y equipo de trabajo, a lo que se añade la tecnología actualizada y un sistema de archivo deficiente, ausente de áreas disponibles para la práctica de pruebas.
Lo administrativo envuelve además, un presupuesto limitado que no permite el desarrollo técnico ni el cumplimiento eficiente de las tareas judiciales por la falta de personal y equipo de trabajo.
Por su parte el aspecto procesal delimita la incidencia negativa del exceso de trámites del sistema, el excesivo formalismo, lo que incluye el empleo de usos, costumbres forenses y prácticas no previstas por la Ley, que atentan contra la economía procesal.
Destaca además la irrealidad de los términos judiciales, excesivas notificaciones personales, predominio de la verdad formal sobre la verdad material, abuso de incidentes y recursos, así como la acción de amparo, dilaciones excesivas en la fase probatoria, deficiencias en el nombramiento y designación de depositarios y peritos.
Lo humano hace referencia a la participación de los funcionarios del sistema judicial en situaciones como la presencia ilegal de quienes ejercen sin idoneidad y experiencia suficiente en el trabajo que desempeñan, incluyendo jueces y asistentes, que son los que proyectan los fallos o sentencias.
Adicional a ello cita la ausencia de una capacitación de actualización permanente para jueces y personal judicial y la función que se asigna a determinados funcionarios judiciales tales como secretarios y oficiales mayores no corresponde siempre a las que determina la Ley.
Los docentes aseguran que se registran a menudo casos de abogados que dilatan los procesos, algunos de ellos con formación académica deficiente.
Las posibles soluciones son divididas igualmente en los tres aspectos antes citados. En el caso de lo administrativo sugiere separar la parte administrativa de la procesal o actuación judicial, creando una secretaría administrativa que lleve el control de los expedientes mediante el uso de informática , estableciendo un nuevo sistema de administración del despacho u oficina judicial.
Resalta la importancia de la creación de una gerencia administrativa responsable de la organización de la oficina judicial y el establecimiento de un sistema de formularios para agilizar el trabajo.
Consideran necesario introducir tecnología que facilite la consulta de expedientes y de la jurisprudencia, además de conceder el presupuesto que conforme la Ley y las necesidades que le corresponden al Organo Judicial y al ministerio Público, para la creación de nuevos tribunales y la implementación de tecnología adecuada.
En el aspecto procesal proponen imponer el predominio de la oralidad en los diversos procesos, que el objeto del proceso sea realmente el conocimiento de los derechos sustanciales, eliminando el excesivo formalismo.
Según ellos, es pertinente incrementar la cantidad de jueces y tribunales, además de la creación de tribunales para audiencia preliminar de advertencia y simplificación de trámites y en atención al artículo 488 del Código Judicial.
Agregan que es necesario regular el sistema de depositarios y de idoneidad de los profesionales que se designan como peritos; reducción de los trámites del remate judicial y establecimiento en la Corte Suprema de Justicia de dos nuevas salas: la constitucional y la laboral, esta última separada de la sala tercera y la primera para que las acciones constitucionales no sean competencia del pleno sino especializada.
Para el sector humano sugieren que la Corte Suprema de Justicia establezca fórmulas concretas y realistas para vigilar que se administre justicia pronta y cumplidamente, además del establecimiento de una política seria y sostenida de práctica jurídica.
Los profesores señalan que resultaría pertinente ampliar los años de experiencia para desempeñar cargos judiciales de magistrados, jueces y secretarios.
Por otro lado las sanciones a las partes que promuevan tácticas dilatorias, así como incidentes innecesarios, según lo establecido en el artículo 462 del Código Judicial, son trascendentes en el desempeño de las prácticas judiciales.
Argumentan que es conveniente la capacitación de magistrados, jueces, funcionarios judiciales y abogados.
Los miembros profesores del departamento de Derecho Procesal manifestaron que esperan contribuir con este documento al desarrollo eficiente del sistema judicial panameño.
