El ex procurador Rogelio Cruz recomendó al ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, orientar bien su preocupación por combatir la corrupción, en lugar de pelear con el procurador José Antonio Sossa, mientras que el también ex jefe del Ministerio Público, Rafael Rodríguez, calificó de irrespetuosas las cartas que Spadafora ha remitido a Sossa.
Según Cruz el combate de la corrupción se hace aunando esfuerzos entre el ministro de Gobierno, el contralor, el procurador; entre otros funcionarios, y adoptando políticas, medidas y acciones, para contrarrestar este flagelo.
Dijo que en denuncias públicas, no presentadas al Ministerio Público, la Contraloría debe realizar áuditos de oficios, que de reflejar irregularidades que puedan significar hechos punibles deben ser remitidos a la Procuradoría, que estaría obligada a iniciar un sumario.
Manifestó que la presión ejercida por el ministro Spadafora obedece a una preocupación del Organo Ejecutivo sobre las críticas que le asedian en torno al tema de la corrupción, "pero no se combate de la manera como lo está solicitando Spadafora, hay que poner en práctica las leyes existentes y reformar otras, y adoptar actitudes que impliquen una lucha frontal contra la corrupción evidente que existe".
Por su parte el también ex procurador de la Nación, Rafael Rodríguez, expresó que la discusión surgida entre ambos funcionarios es estéril y desgastante. "El ministro Spadafora no debió jamás referirse en los términos inadecuados de regaño y prepotencia como lo hizo y Sossa no debió caer en un juego que sólo beneficia a los enemigos eternos de la administración de justicia", acotó.
Manifestó que el Ministerio Público tiene sus deberes y obligaciones delimitados por la Constitución Nacional y una ley que regula el principio de oportunidad que faculta a esta instancia de abstenerse de realizar investigaciones que estime inconducentes.
Por lo tanto, dijo, si alguien desea que se investigue un hecho debe tener una base suficiente, creíble y fundamentada para que el Ministerio Público se vea obligado a realizar la investigación. "Es más el Código Judicial obliga al denunciante aportar las pruebas sumarias", recalcó.
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