También intensificar la acción estatal frente a las obligaciones que le corresponden a la empresa por razón de su nivel de responsabilidad por el daño ambiental y social que se cause.
Exhortar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a realizar una valoración económica de los recursos naturales que pudiesen haber sido afectados, y así tener un mejor conocimiento en cuanto a los costos ambientales y pérdidas reales que podría representar para el país este derrame de petróleo.
Fortalecer la capacidad de las instituciones involucradas en el tema, que deben realizar las inspecciones técnicas a efectos de prevenir accidentes de esta naturaleza y establecer la política para la implementación de los planes de contingencia.
Exhortar al Estado a exigir a la empresa el desarrollo de investigaciones sobre los efectos posteriores del derrame ocurrido el pasado 4 de febrero de 2007 y las acciones a seguir con miras a la recuperación del área.
Instar a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a establecer una metodología a seguir para el uso correcto de dispersantes luego de ocurrido un derrame, a fin que los responsables de su aplicación sigan el procedimiento estándar.
Recientemente, un informe de la ANAM calificó como "severa" la contaminación registrada en Bocas del Toro.
De acuerdo con la ANAM, la falla no fue un evento fortuito, sino un descuido de la empresa.
El caso será remitido a la Unidad Ambiental de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
El derrame de petróleo, que se dio en las instalaciones de la empresa Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP), y que se extendió hasta la Laguna de Chiriquí Grande afectó la salud y la economía de los lugareños.
Más de 400 pescadores artesanales ha visto afectada su actividad, debido a la contaminación en el lugar.
Una rotura en una de las válvulas hidráulicas que abastece a los barcos fue lo que provocó el derrame.
Cerca de cinco mil barriles de petróleo quedaron esparcidos en casi dos kilómetros de costas.
Los residentes de las áreas afectadas se quejan de malestares por este derrame.
