El rector de la Universidad de Panamá, Julio Vallarino, rechazó la violencia desmedida utilizada por la autoridad pública mediante el empleo de agentes vestidos de civil, pero también condenó el abuso de algunos estudiantes de utilizar métodos de protesta que lesionan la libertad y los derechos ciudadanos. Administrativos, estudiantes y autoridades universitarias expusieron ayer cada uno sus puntos de vista acerca de los hechos ocurridos la semana pasada en la Universidad Nacional, especialmente el pasado viernes, cuando manifestantes fueron sorprendidos por supuestos elementos policías infiltrados.
Aunque condenó la violencia contra los estudiantes y lo que podría constituirse en una nueva violación a la autonomía universitaria, Vallarino advirtió a los alumnos que los métodos de cierres de calle y tranques vehiculares provocan el repudio y rechazo de la población.
Pidió que se analice hasta dónde se extiende el poder de las empresas privadas que ponen en riesgo derechos fundamentales como son los servicios básicos, sin otro argumento que sus intereses comerciales. No obstante, el llamado de Vallarino no parece convencer a los estudiantes quienes señalaron que las protestas y cierres de calle son los únicos mecanismos que tienen para que las autoridades escuchen sus reclamos.
Anselmo Rudas, miembro de la Unión de la Juventud Revolucionaria (UJR), señaló que a los estudiantes "les importa muy poco lo que opinan los comerciantes" con relación a los cierres de calle, porque ellos tienen parte de la responsabilidad de los problemas que enfrenta el país al no garantizar mejores condiciones de trabajo a sus empleados. Señaló que los 27 estudiantes arrestados durante las protestas fueron liberados, aunque advirtió que pesa sobre ellos un proceso judicial, lo que indica que pueden ser detenidos en cualquier momento.
Reveló que aún uno de los cinco estudiantes agredidos por la Policía Nacional, Davis Díaz, sigue sufriendo malestares en la vista y en la noche del domingo registró fiebre, producto de los golpes recibidos. Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la UP, Miguel Angel Candanedo, repudió lo que calificó como "terrorismo de Estado" y manifestó que son inaceptables las acciones llevadas a cabo por policías y paramilitares dentro de la universidad.
Manifestó que diversos sectores de la Universidad de Panamá interpondrán una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue quién fue la persona que dio la orden para que se actuara como se actuó el pasado viernes. La dirigencia estudiantil representada en Humberto Alcázar, de la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU), reiteró la violación de los derechos humanos y por tal razón interpondrán una denuncia penal en contra del director de la Policía Nacional, Carlos Barés.
En tanto, Luis Prescott, secretario general de la Asociación de Empleados (ASEUPA), advirtió que a los estudiantes se les aplicó el terrorismo de Estado por parte de las instituciones que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos. En medio de la conferencia de prensa circuló un memorándum firmado por el decano de la Facultad de Medicina, donde advertía a los estudiantes de esa carrera que a quienes se les compruebe su participación en hechos violentos, se les aplicará el artículo 282 del reglamento interno.
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