"Ellos deben dejarse de amenazas y auditar lo que quieran, si desean", respondió el rector a la interrogante de que si aceptaría una auditoría por parte de la Contraloría.
La situación surge debido a que el Consejo General Universitario analiza la posibilidad de realizar auditorías estudiantiles y regular las concesiones de autogestión que se entregan a estos grupos.
El director encargado de auditoría de la Contraloría de la República, Humberto Tejada, reiteró que los fondos a los que tienen acceso los grupos estudiantiles son estatales y pueden ser auditados.
Tejada destacó que un porcentaje significativo de los dineros que manejan estos grupos proviene de asignaciones que hace la Rectoría de la UP a las diferentes facultades. Sin embargo, no fue categórico en asegurar si realizarán las auditorías.
Los grupos estudiantiles adeudan más de B/.87 mil en concepto de energía eléctrica y pago de alquiler por los locales que manejan, a pesar de que reciben grandes sumas de dinero de grupos privados por el arrendamiento de los negocios.
Estos grupos administran negocios de fotocopiadoras, Internet, kioscos y alquiler de celulares.
Las autoridades universitarias analizan la posibilidad de regular esta materia, porque los centros de estudiantes no son auditados financieramente y además, existen algunos dirigentes que mantienen sus propios negocios.
Pero esto no parece ser fácil, toda vez que ayer la dirigencia estudiantil se reunió a puertas cerradas con las autoridades universitarias y rechazó la cancelación y eliminación de este "privilegio" que consideran sus conquistas. La propuesta de los estudiantes consistió en ponerse al día con los pagos de los locales en un término de tres meses y rendir informes semestralmente.
La proposición será analizada en Consejo Académico y según el rector, "tendrán que ver el nivel de compromiso de los estudiantes para concretarla".
El señor Carlos Valdés, quien alquiló un local de computadoras por B/.500 en la Facultad de Economía al Movimiento Juventud Patriótica (MJP-15) en el 2003, denunció que la dirigencia de ese grupo le pidió una coima a cambio de renovarle el contrato.
Según Valdés, le exigieron el nombramiento de dos estudiantes, uno con un salario de B/.300 y otro con B/.500.
