Los rectores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) sustentaron su presupuesto de B/. 39.7 millones, y B/. 17.3 millones respectivamente, ante la Asamblea Nacional.
Salvador Rodríguez, rector de la UTP, indicó que el presupuesto establece nuevas construcciones educativas y la implementación del programa de Investigación y Transferencia de Tecnología.
Entre los proyectos importantes están el desarrollo del Campus Central, el equipamiento del Sistema Integrado de Fuentes Renovables y el levantamiento de los planos y diseños de la ciudad de David.
De igual forma, el rector de la UNACHI, Virgilio Olmos, explicó que el presupuesto asignado contempla la ejecución de proyectos importantes para esta casa de estudios, tales como la implementación de nuevas aulas escolares, ya que actualmente confrontan problemas de espacio físico y el nombramiento de personal contingente.
Aportó, además, que pretenden desarrollar programas de capacitación para el personal en los procesos de automatización de las facultades y áreas administrativas, así como incorporar estrategias de promoción, capacitación, liderazgo, información, educación y asistencia económica para el centro de enseñanza.
Agrega que parte de la base del Código Penal es inquisitivo y ritualista, y tal como está hoy día no va a ser lo suficientemente rápido.
Si la base está mal elaborada, o incorrectamente planteada, entonces cómo poder trabajar con esa base, se preguntó el fiscal.
Estimó que es necesario replantear si realmente se busca mejorar la base del sistema, los pilares estructurales para hacer la comparación.
El Ministerio Público aspiraba a que el proyecto en su momento fuera remitido al Pacto de Estado por la Justicia, porque es allí donde se origina el debate y están las personas representativas de la sociedad en general y los usuarios del sistema. Por consiguiente se hubiese hecho un examen técnico posterior para discriminar si se cumplieron los objetivos originales que buscaba el Pacto de Estado.
En el tema de las investigaciones, el fiscal Ramiro Esquivel explicó que no es igual trabajar en casos como un hurto que el blanqueo de capitales, por ejemplo, ya que se requiere ampliar el tiempo de investigación.
Para este tipo de delitos, donde actúa el crimen organizado, no se debe medir el tiempo de investigación, tampoco revelar lo contenido en el expediente.
Requieren que se flexibilicen los términos de tiempo, contar con herramientas novedosas de investigación en las operaciones encubiertas, y los códigos deben estar a tono con este tipo de investigación.
Aunque el anteproyecto aumenta el término de investigación a dos años, se tienen que afinar los temas de testigos protegidos para efecto de hacer las pesquisas como deben ser.
Esquivel considera que mientras no se haga ninguna diligencia que afecte los derechos de una persona determinada, el tiempo tiene que correr normal con el tema de prescripción de la acción penal, pero no limitarla de uno a tres años.
Una vez realizada la investigación preliminar, se debe resguardar la reserva del expediente y no someterla a ningún plazo.
Esquivel plantea que dependiendo de los casos se busque la fórmula de agilizar la administración de la justicia.
Por ejemplo, el aplicar la desestimación cuando no hay pruebas; llegar a acuerdos, lograr la confesión, y la condena, lo que podría evitar el ahorro al Estado de los enormes gastos que provocan los procesos.
Considera que el 80% de los casos debe ir por este tipo de vías, y lograr la justicia reparatoria.
Para el jurista si estos métodos no son aplicados se corre el riesgo de que el sistema colapse.
El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 541 de 17 de noviembre de 2005, designó una Comisión Codificadora.
Esta Comisión estaría encargada de preparar los anteproyectos de Código Penal y Código de Procedimiento Penal o Punitivo, tomando como base la revisión hecha por la Comisión Técnica, nombrada paralelamente a la codificadora, en el mismo texto legal.
Once juristas integran la Comisión Codificadora.
